Lapadula va por retirar la urgencia de la ley educativa: "Los 30 días no alcanzan"

El legislador Matías Lapadula anticipó que insistirá en quitarle el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo del Ejecutivo durante la sesión de este miércoles. El referente de Provincia Grande sostiene que la iniciativa tiene inconsistencias entre lo que pretende recaudar y lo que busca lograr.

Para el legislador, el plazo de 30 días que fijó el Gobierno provincial para analizar la propuesta es a todas luces exiguo. "El plazo de 30 días establecido por el Ejecutivo resulta insuficiente" para una norma de esta complejidad, afirmó, y recordó que el proyecto pasó por las comisiones de Educación y Presupuesto, "donde quedaron numerosos interrogantes sin respuesta".

El punto que más le preocupa es la ecuación financiera. Según los datos que aportó el ministro de Economía en el debate, los nuevos tributos permitirían recaudar alrededor de $9.000 millones anuales, mientras que el presupuesto educativo provincial asciende a $600.000 millones. "La verdad que no alcanza para nada, por lo menos para lo que se propone el proyecto", disparó.

El impuesto al gas que golpea el bolsillo

Uno de los ejes de su rechazo es el tributo sobre la distribución de gas, que en la práctica terminaría trasladándose a las facturas de los usuarios. Lapadula advirtió que ese aumento se sumaría a los incrementos ya previstos para enero por los cambios en el esquema nacional de subsidios.

También descartó la salida que proponen algunos parlamentarios: aprobar la ley eliminando los incrementos impositivos. "Definitivamente no se puede aprobar ni así, ni como está", sentenció. Sin recursos adicionales, argumentó, la norma quedaría reducida a una declaración de principios sin soluciones concretas para los docentes.

Por eso reclama retirar la urgencia y seguir discutiendo el texto en conjunto con el presupuesto provincial, del que proviene el 95% del financiamiento de la educación pública. "Lo que hay que hacer es, con los fondos que se puedan generar, priorizar a dónde tiene que ir el gasto y no empezar a poner parches por todos lados", planteó.

La deuda con Río Grande

En otro tramo de su exposición, Lapadula apuntó contra el reclamo que el Municipio de Río Grande le viene haciendo al Gobierno por deudas. "No puede ser que se le deba 18.000 millones de pesos", manifestó, y alertó que la acumulación de obligaciones pendientes pone en riesgo el funcionamiento de las administraciones municipales.

A su entender, hay un trato desfavorable hacia Río Grande que no se limita a la distribución de recursos coparticipables: también alcanza a la asignación de obras y convenios financiados mediante el FAMP. La ciudad genera más del 70% de esos fondos y, sin embargo, queda relegada a la hora de repartirlos, sostuvo.

Sobre el final, aclaró que no espera que la coparticipación se trate formalmente en la sesión, aunque pretende instalar el debate en la Comisión de Presupuesto. "La situación empeoró, se agravó y tenemos que poner una solución", concluyó.