Las denuncias por violencia de género crecieron 93% en Salta y buscan prorrogar la emergencia
Casi 3 de cada 10 denuncias en la provincia son por violencia familiar o de género, y en lo que va de 2026 ya se registraron 7 femicidios, igualando el total de 2025. La ley vence el 8 de septiembre y el Senado ya tiene dictamen para extenderla.
La Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género vence el 8 de septiembre y el Senado de Salta ya avanzó con el proyecto para extenderla dos años más. La iniciativa, que obtuvo dictamen favorable este miércoles, quedó en condiciones de ser tratada en el recinto antes de la fecha límite.
La Comisión de la Mujer, Género y Diversidad se reunió con autoridades del Gobierno provincial y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres para analizar la situación. Allí se expusieron cifras que marcaron la urgencia de sostener la medida.
Según los datos presentados, las denuncias crecieron casi un 93% entre 2016 y 2025, y casi 3 de cada 10 corresponden a violencia familiar o de género. Además, en lo que va de 2026 ya se registraron 7 femicidios, igualando en agosto el total de todo 2025.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la demanda de asistencia sigue en aumento y remarcaron la necesidad de mantener los dispositivos de atención ante la falta de fondos nacionales para el sector. También advirtieron por la situación en el interior, donde menos de la mitad de los municipios conserva áreas específicas de género y algunas fueron absorbidas por Acción Social.
Cómo sigue el trámite
El proyecto impulsado por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro propone extender la emergencia por dos años y faculta al Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias para garantizar la continuidad de los programas y servicios de asistencia legal, psicológica y territorial para las víctimas.
Con el dictamen favorable de las comisiones de la Mujer, Género y Diversidad y de Legislación General, el Senado quedó en condiciones de avanzar con la prórroga antes del vencimiento previsto para el 8 de septiembre.
La Ley 7.857, sancionada en 2014, declaró la emergencia en todo el territorio provincial y habilitó la creación de juzgados y fiscalías especializadas, la implementación de botones antipánico y la coordinación entre distintas áreas del Estado para la asistencia a las víctimas.
