El Gobierno eliminó el requisito que exigía capital argentino para ser proveedor local del RIGI, y las pymes sanjuaninas ahora deberán pelear el cupo del 20% del cobre contra filiales extranjeras con más espalda. Qué exige la letra chica que sigue vigente.
El Gobierno nacional movió una pieza clave del RIGI y el tablero de los proveedores mineros cambió de golpe. Mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo suprimió la exigencia de que el 51% del capital social de una firma esté en manos de residentes argentinos para ser considerada "proveedora local".
Con esa firma, toda empresa constituida y domiciliada en el país podrá encuadrarse bajo esa figura, más allá de la nacionalidad de sus accionistas o de quién controle el paquete accionario. El impacto es directo en los megaproyectos de cobre sanjuaninos y en las obras energéticas de Vaca Muerta.
Qué exigía la norma hasta ahora
Antes de la reforma, el marco normativo pedía dos condiciones al mismo tiempo: tener radicación en el país y acreditar que al menos el 51% de las acciones —o los votos necesarios para el control societario— pertenecieran a personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la Argentina.
Al eliminar ese segundo punto, una subsidiaria local controlada al 100% por capitales chilenos, peruanos, chinos, canadienses, estadounidenses o europeos queda habilitada para computar como abastecedora nacional.
El 20% que todos quieren disputar
La modificación pega de lleno en la cláusula del RIGI que obliga a los titulares de los megaproyectos a destinar al menos el 20% de la inversión prevista en bienes y obras a proveedores locales, siempre que haya oferta disponible en condiciones competitivas de precio, calidad, plazos y estándares técnicos.
El decreto no toca ese piso porcentual, pero sí amplía el universo de oferentes que pelean por esa porción de los contratos. El único resguardo para el rubro de bienes es que los productos acrediten origen nacional bajo las reglas del Mercosur.
Los proyectos que traccionan la demanda
Según los considerandos oficiales, la iniciativa busca agilizar la integración de firmas radicadas en el país a las cadenas de valor y robustecer la oferta frente a una demanda de bienes y servicios de escala inédita.
Entre los emprendimientos que motorizarán ese volumen de contrataciones aparecen los grandes proyectos cupríferos sanjuaninos Vicuña y Los Azules, Agua Rica en Catamarca, el desarrollo de litio Rincón en Salta y las obras de infraestructura energética, ductos y plantas de procesamiento vinculadas a Vaca Muerta.
El desafío para las pymes nacionales
El nuevo escenario les plantea un problema competitivo de peso a las pymes e industrias de capital íntegramente nacional. Ahora deberán disputar el cupo del 20% frente a filiales de multinacionales con mayor espalda financiera, escala operativa y experiencia previa en yacimientos de gran envergadura, sobre todo de Chile y Perú.
Esa tensión ya había quedado expuesta a fines de octubre durante la ronda de negocios del RIGI en Rosario, que convocó a 1.800 firmas y 43 proyectos compradores. Allí las cámaras empresariales advirtieron que la mera radicación formal no garantiza generación de empleo ni transferencia tecnológica local.
La letra chica de las provincias mineras
La normativa nacional deberá convivir, además, con las regulaciones propias de las provincias mineras. San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja cuentan con registros y leyes de compre local que exigen requisitos adicionales: antigüedad, facturación en la jurisdicción, contratación de mano de obra provincial o asociación con empresas locales.