Las tres batallas legislativas que el Gobierno quiere ganar en agosto: propiedad privada, Banco Central e Inocencia Fiscal

Agosto arrancó con el Congreso en ebullición. El oficialismo tiene en agenda tres frentes parlamentarios que quiere cerrar antes de que termine el mes: la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, la reforma del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal en Diputados. Pero el camino no está libre de roces con sus propios aliados.

Propiedad privada: el proyecto que divide al oficialismo

La iniciativa que busca blindar la propiedad privada llegó al recinto después de 15 modificaciones en su dictamen. El punto más conflictivo: la venta de tierras rurales a extranjeros. La senadora Patricia Bullrich aceptó cambios propuestos por los bloques dialoguistas y este martes los presentará junto a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez.

La oposición ya marcó la cancha. Carolina Moisés, de Convicción Federal, fue tajante: “Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos exprés”. Su par cordobesa, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, fue aún más dura: “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”.

El proyecto también contempla desalojos exprés y cambios en la Ley de Manejo del Fuego. La versión final surgió de las conversaciones entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El oficialismo espera el apoyo del PRO, de la mayoría de la UCR y de los bloques provinciales. La sesión será presidida por Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo por un nuevo viaje de Javier Milei.

Banco Central: la reforma que quiere eliminar el financiamiento al Estado

En Diputados, la reforma de la carta orgánica del BCRA ya tiene giros a tres comisiones: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Legislación General (Santiago Santurio) y Finanzas (Santiago Pauli). El plenario informativo será este miércoles a las 15 con funcionarios del Ejecutivo.

Martín Menem, titular de la Cámara baja, buscará este martes coordinar la estrategia con los bloques dialoguistas. La meta: dictamen y llegar al recinto el 19 o el 26 de agosto. El diputado libertario no escatimó críticas: “El desastre que fue el Banco Central, manipulado por la política. Con ese sistema de poner dinero en las manos de la gente llegamos al 57% de pobreza”.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro puso el foco en los DNU: “Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

La reforma busca garantizar la independencia funcional y financiera del Central, preservar el valor de la moneda y eliminar el financiamiento monetario al sector público. También apunta a revertir los cambios de 2012, cuando Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont manejaban la entidad. Incluye el “grillete fiscal”, una versión local del shutdown estadounidense, y reformas al mercado de capitales y de seguros.

Inocencia Fiscal: la caza de los dólares del colchón

Este miércoles a las 10.30, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal empezarán a debatir los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa apunta a la Modalidad Simplificada de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a la prescripción tributaria.

El objetivo es meter al sistema financiero los 170.000 millones de dólares que, según el equipo económico, están fuera del circuito. Luis Caputo, ministro de Economía, remarcó que aunque los depósitos en dólares están en récord (cerca de 40.000 millones), hay más de cuatro veces esa cifra en ahorros sin bancarizar.

La Casa Rosada quiere aprobar esta ley en agosto, antes de que el 15 de septiembre ingrese el proyecto de Presupuesto 2027. La reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal ya tienen fecha de inicio, pero el éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener a sus aliados en la misma sintonía.