Las tres vocales del TSJ desafían al Gobierno: “Vamos a ser un nuevo Caso Sosa, pero por tres”

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña, rompió el silencio y anticipó una batalla judicial sin precedentes. Junto a sus colegas Reneé Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau, anunció que llevarán su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario. La decisión de la Caja de Previsión Social de aprobar sus jubilaciones encendió la mecha de un conflicto institucional que promete escalar.

En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, Ludueña cuestionó con dureza la medida adoptada el viernes 14 de agosto por el organismo previsional. “Vamos a mandar cartas documento y vamos a entablar acciones legales. Llegaremos a la Corte. Vamos a ser un nuevo Caso Sosa, pero por tres”, afirmó la magistrada, en referencia al histórico fallo que llegó a la máxima instancia judicial del país.

Una decisión “machirula” y “arbitraria”

La vocal no escatimó calificativos para describir la resolución de la Caja de Previsión Social. La tildó de “jubilación compulsiva y arbitraria” y apuntó contra un detalle que consideró revelador: las tres únicas mujeres que integran el Tribunal Superior de Justicia son las afectadas. “Es, además, una decisión bien machirula: se toma con las únicas tres vocales mujeres”, subrayó.

El origen del conflicto se remonta a la reunión extraordinaria del viernes, cuando el Directorio de la Caja aprobó los primeros 27 beneficios jubilatorios comprendidos por el Decreto 608 del Poder Ejecutivo Provincial. Entre los alcanzados figuran cinco integrantes del Poder Judicial y las tres vocales del TSJ.

“Ninguna de las tres renunció”

Ludueña fue contundente al aclarar la situación: “Ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites”. Según explicó, las magistradas habían comenzado el proceso para acceder al beneficio, pero eso no implicaba una renuncia a sus cargos.

Desde la Caja de Previsión Social, en tanto, defendieron su postura. Señalaron a La Opinión Austral que todas las personas alcanzadas habían iniciado los trámites y presentado la documentación correspondiente, incluido un formulario con carácter de declaración jurada. “No se jubiló a nadie de oficio, le pidieron algo al Estado y el Estado se lo está dando”, afirmaron.

El vocal por los trabajadores activos de la CPS, Cristian Sánchez, quien participó de la reunión, fue más allá y denunció una motivación política. Sostuvo que el Decreto 608 permite “jubilarte de manera forzosa” y que detrás hay “una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de sacar jueces que no son de tu partido político”.

El artículo 128 de la Constitución

Para Ludueña, la clave está en la estabilidad constitucional de los magistrados. Citó específicamente el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz, que establece el mecanismo de remoción mediante juicio político. “Los jueces gozan de estabilidad constitucional. Solo pueden ser removidos por juicio político”, planteó.

La magistrada también reveló que el 6 de agosto fue notificada por la Caja de Previsión Social de que estaba en condiciones de acceder a la jubilación a partir del 1 de octubre de 2026. “¿En qué momento decidieron adelantar 45 días? ¿Bajo qué circunstancias decidieron que ya no tengo derecho a presentar mi renuncia?”, cuestionó en sus redes sociales, donde insistió: “La Constitución es clara. Vayan directo al artículo 128”.

El antecedente de la cautelar

La disputa no es nueva. El Decreto 608 ya había sido frenado por una medida cautelar impulsada por Cristian Sánchez, además de una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el 3 de julio, los nuevos vocales del TSJ –Acevedo, González Nora, De la Vega y Contreras– resolvieron, por mayoría, dejar sin efecto la cautelar.

La decisión se tomó a raíz de un planteo de la Fiscalía de Estado, a cargo de Natalia Linardi, para que se aplicara la nueva legislación sobre medidas cautelares, que impone límites temporales a ese tipo de decisiones judiciales. No obstante, Ludueña remarcó que la cuestión de fondo sigue sin resolverse: resta determinar judicialmente si el Decreto 608 es constitucional.

¿Qué ocurriría si el decreto es declarado inconstitucional? Ese punto abre un interrogante sobre las jubilaciones ya aprobadas. Si la Justicia fallara en contra de la norma, debería definirse qué pasa con los beneficios otorgados bajo esa normativa, incluidos los de los integrantes del Poder Judicial.

Para las tres vocales, existe una discusión adicional: aun si se determinara la constitucionalidad general del decreto, sostienen que no puede aplicarse a magistrados con estabilidad constitucional.

La disputa suma así un nuevo capítulo a la tensión institucional que atraviesa al Poder Judicial de Santa Cruz. El conflicto llega pocos días después de que la Legislatura provincial rechazara un nuevo pedido de juicio político contra cuatro integrantes del TSJ.

Ahora, Ludueña, Fernández y Mercau anticiparon que llevarán su reclamo por todas las instancias judiciales necesarias y no descartan llegar, como lo hizo en su momento el Procurador Eduardo Sosa, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.