Lázaro Báez y la ruta del dinero: 12 detenidos seguirán presos y la Justicia va por los bienes
Doce detenidos seguirán tras las rejas y la Justicia puso la lupa sobre los bienes de la estructura que se le atribuye a Lázaro Báez. Mientras avanza el plazo de dos años para investigar, hay un dato sobre el dinero que todavía nadie explica del todo.
La Justicia Federal de Río Gallegos dio un paso de peso en las causas que salpican a Lázaro Báez. El juez de garantías Claudio Vázquez declaró legales doce detenciones y las transformó en prisión preventiva, en el marco de dos investigaciones conexas por presunto lavado de activos y narcotráfico. La Fiscalía informó que la decisión se tomó en las audiencias del jueves, donde además se formalizaron imputaciones.
El magistrado también fijó un plazo máximo de dos años para las pesquisas y dispuso medidas de coerción para otros cuatro implicados que no quedaron detenidos. En paralelo, autorizó el secuestro y el embargo preventivo de los vehículos incautados durante los operativos, y amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero de los acusados.
Dos expedientes que se cruzan
Una de las causas apunta a un presunto esquema de lavado de activos. Según la hipótesis fiscal, Báez habría dirigido desde el penal de Ezeiza una estructura que explotaba bienes alcanzados por embargos, decomisos y otras decisiones judiciales. El flujo de dinero bajo análisis fue estimado en $390.880.000.
La otra investigación se centra en una presunta organización dedicada al tráfico de cocaína, al menos desde diciembre de 2025. De acuerdo con la Fiscalía, la droga habría sido trasladada en camiones y distribuida en Río Gallegos a través de un lavadero.
El nexo entre ambos expedientes, según la acusación, sería Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín". La Fiscalía lo señala como operador territorial de Báez y, al mismo tiempo, como supuesto líder de la organización narco. Esa atribución integra la imputación y deberá ser probada durante el proceso.
Qué pasa con los vehículos y las cuentas
Junto con las prisiones preventivas, el juez autorizó medidas patrimoniales sobre los rodados secuestrados y amplió el acceso a información bancaria y financiera. La investigación busca reconstruir el movimiento del dinero y determinar cómo se habrían administrado bienes y rentas bajo control judicial.
Las imputaciones abarcan, según la causa, presuntos delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, defraudación y tráfico de estupefacientes. La formalización de imputaciones y la prisión preventiva no implican una declaración de culpabilidad: las acusaciones deberán sostenerse con pruebas a lo largo de la investigación.
