Le activaron dos líneas sin pedirlas, la metieron al Veraz y ahora la Justicia la compensó con millones

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 7.° Nominación de Córdoba condenó a Telecom Argentina a pagar una millonaria indemnización a una clienta que fue incluida en el Veraz por deudas que nunca contrajo. El fallo, que se conoció en las últimas horas, fija un resarcimiento de 7.729.360 pesos más intereses por daño punitivo.

El calvario de la usuaria

Todo comenzó cuando la empresa telefónica dio de alta dos líneas a nombre de una mujer sin que ella las hubiera solicitado. Sin su consentimiento, el servicio se activó y generó una deuda que la firma intentó cobrar de manera insistente.

La usuaria, al verse perseguida por un reclamo que no le correspondía, tuvo que realizar múltiples gestiones para lograr la baja de las líneas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: su nombre aparecía en los registros de morosidad, lo que afectaba su acceso al crédito y su reputación comercial.

La decisión de la Justicia

La Cámara, integrada por los vocales Jorge Miguel Flores y Florencia Bellusci, consideró que se trataba de un contrato de consumo según la Ley de Defensa del Consumidor n.° 24.240. En la sentencia, los jueces calificaron la conducta de Telecom como “reprochable”.

El fallo subraya que la inclusión indebida en bases de riesgo crediticio es una falta grave: “La permanencia en registros de morosidad, pese a la inexistencia de obligación exigible y a los reclamos efectuados, evidencia una manifiesta indiferencia de la demandada respecto de las consecuencias dañosas que su obrar ocasionaba”.

Además, los magistrados señalaron que la empresa no podía desconocer el impacto que genera este tipo de prácticas en la vida de relación del consumidor, al limitar su capacidad de acceder a créditos o realizar operaciones comerciales.

Con esta resolución, se sienta un precedente importante para aquellos usuarios que sufren situaciones similares con empresas de servicios. La indemnización por daño punitivo busca no solo reparar el perjuicio, sino también sancionar conductas que demuestran desidia hacia los derechos del consumidor.