Le avisó al municipio que el pino se le venía encima y nadie hizo nada: cuando cayó, la Justicia tomó una decisión con el número final

Un vecino de una zona declarada área ecológicamente protegida en la provincia de Buenos Aires alertó varias veces al municipio sobre un pino de gran porte que amenazaba con desplomarse sobre su propiedad. No obtuvo respuesta. El 25 de octubre de 2021, el árbol se vino abajo dentro de su terreno y arrasó con el alambrado, la piscina, la caldera y otras estructuras.

El hombre no podía talarlo por su cuenta: la normativa del área protegida exige autorización de la autoridad competente para intervenir sobre el arbolado. Esa restricción fue clave en el expediente, porque lo dejó atado de manos frente al peligro que había denunciado.

Qué resolvió la Justicia

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena contra el municipio por falta de servicio. Los jueces entendieron que la comuna no reaccionó a las advertencias del propietario y ratificaron una indemnización de $7.200.000, más intereses y actualización.

En diciembre de 2024, el juez de primera instancia había fijado $5.200.000 por daños materiales y $2.000.000 por daño moral. A esa suma se le agregaron los intereses y la actualización hasta el pago efectivo.

El argumento del municipio que no prosperó

La comuna apeló y sostuvo que el vecino había tenido una actitud pasiva pese a conocer el riesgo. Según su versión, el hombre habría preferido evitar una eventual multa antes que tomar medidas para impedir los daños. También cuestionó gastos incluidos en la indemnización, como la extracción del árbol y la contratación de un ingeniero agrónomo, y consideró excesivo el monto por daño moral.

La Cámara rechazó esos planteos: los magistrados remarcaron que el municipio no puede trasladarle al ciudadano las consecuencias de su propia falta de actuación.

Cómo se actualiza la cifra

Además de confirmar la condena, el tribunal puso las costas judiciales a cargo del municipio y dispuso que la indemnización se ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 6%, desde la caída del árbol hasta el pago. Por eso, los $7,2 millones originales no son el monto final: la suma definitiva se calculará con esos parámetros.

El fallo dejó sentado que el Estado puede ser responsable cuando no actúa frente a advertencias concretas sobre un peligro, sobre todo si las normas impiden que los particulares resuelvan el problema por su cuenta.