Le bloquearon la cuenta en plenas vacaciones y la Justicia lo compensó con $7,7 millones

Un tucumano que quedó varado en Brasil sin poder acceder a sus ahorros virtuales logró una indemnización récord contra la billetera Belo, luego de que un juez considerara que la empresa incumplió su deber de seguridad y trato digno.

La sentencia, firmada por el juez Raúl Eugenio Martín Tejerizo, condenó a Belo Argentina a pagar $3 millones por daño moral y $4.729.038 en concepto de daño punitivo. De esta última suma, $2.364.519 serán destinados al Hospital del Niño Jesús de Tucumán, a pedido del propio damnificado.

¿Qué pasó con la cuenta?

El usuario, identificado como R., había abierto su cuenta en Belo en mayo de 2024 para administrar parte de sus ahorros en criptoactivos. Su plan era usar esos fondos para pagar un viaje familiar a Florianópolis mediante el sistema Pix de la aplicación.

El 27 de diciembre de 2024, cuando intentó abonar un hotel, descubrió que no podía ingresar a la plataforma. Pese a múltiples intentos, nunca recibió en su correo el código de validación necesario para acceder.

R. inició reclamos por los canales oficiales, pero solo obtuvo respuestas automáticas del asistente virtual “Belito”. Pasaron semanas sin atención personalizada.

Llamadas sospechosas y datos vulnerados

Mientras estaba sin acceso, comenzó a recibir llamadas de WhatsApp y videollamadas de supuestos empleados de sistemas de Belo, que le pedían claves y códigos. Al sospechar un fraude, cortó la comunicación.

Denunció que los contactos conocían datos sensibles: su nombre, teléfono, correo y banco. La sospecha de una filtración de datos personales se instaló.

La familia debió regresar anticipadamente a Tucumán. R. recién recuperó el acceso el 6 de febrero de 2025, tras una medida cautelar y el cambio de correo electrónico registrado.

La defensa de Belo y las pruebas

La empresa negó fallas técnicas y argumentó que los filtros de seguridad del correo corporativo del cliente bloquearon los mensajes. Afirmó que el servicio se normalizó cuando R. cambió a Gmail, y que el usuario no quedó sin recursos porque su esposa tenía fondos.

Sin embargo, una pericia informática determinó que el sistema de Belo no completó el envío del mensaje de verificación. Además, Migraciones confirmó las fechas del viaje y una pericia contable estableció el saldo disponible al partir.

El juez aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que los proveedores de servicios financieros digitales tienen obligaciones especiales de información, seguridad y trato digno. La prestación deficiente quedó acreditada.

El magistrado descartó el daño material porque R. no demostró la pérdida efectiva de los gastos reclamados, pero sí el daño moral: la angustia e incertidumbre de estar en otro país sin poder usar sus ahorros.

También aplicó daño punitivo por la demora en brindar atención humana y la falta de información clara. Los abogados Jaime Roig y Martín Arregui, que reclamaron inicialmente $100 millones, celebraron el fallo como un antecedente relevante.

Roig destacó que parte de la multa irá al Hospital del Niño Jesús, transformando una sanción individual en un beneficio concreto para la comunidad tucumana.