Le cerraron la cabina del peaje en Corrientes y ya son 150 los que se quedaron sin trabajo
Trabajaban en las cabinas del puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó. Ya cobraron la indemnización, pero lo que viene con las nuevas concesiones es lo que más los inquieta: qué pasará con las cabinas cuando el cobro pase a los códigos QR.
El proceso de privatización de las rutas nacionales que impulsa el Gobierno de Javier Milei ya tiene su primera consecuencia laboral concreta en Corrientes: unos 150 trabajadores de las estaciones de peaje del corredor vial Litoral fueron despedidos y ya cobraron la liquidación de sus indemnizaciones.
Las desvinculaciones se enmarcan en la relicitación de los corredores viales que la administración nacional puso en marcha y que derivó en la entrega de tramos a operadores privados.
Los operarios afectados cumplían tareas en puntos clave de la provincia, como las cabinas del puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, todas sobre la Ruta Nacional 12. Con el cierre de esas relaciones laborales, el futuro de esas familias quedó supeditado a lo que definan las nuevas empresas concesionarias.
Menos manos y más códigos QR
Entre los despedidos, la mayor inquietud pasa por el esquema tecnológico que traerán las nuevas concesiones. Los pliegos prevén un uso intensivo de sistemas automáticos de cobro mediante códigos QR, un mecanismo que reduce la cantidad de personal necesario en las cabinas.
El temor que circula entre los trabajadores es que la modernización no venga acompañada de una recuperación de los puestos perdidos, sino que consolide una reducción estructural de la dotación. Dicho de otro modo: las indemnizaciones ya abonadas cerrarían la relación con los actuales empleados sin que exista garantía de continuidad con las firmas que asumirán la explotación.
Ocho corredores, 3.900 kilómetros y 20 años
El escenario cambió de escala con la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, que adjudicó ocho tramos de rutas nacionales a operadores privados por dos décadas.
En total, las concesiones abarcan más de 3.900 kilómetros repartidos en 11 provincias. El nuevo modelo establece que los corredores funcionarán sin subsidios del Estado y que el financiamiento dependerá del cobro de peajes.
En el caso correntino, el Tramo Litoral —que incluye las rutas nacionales 12 y 16— quedó en manos de JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A. La tarifa base fijada para ese corredor es de $2.876,04 más IVA.
El fantasma de nuevas estaciones de cobro
El futuro de las rutas abrió además otro frente de conflicto en la región. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, rechazó la posibilidad de instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Rico.
El mandatario provincial cuestionó que se sumen nuevos costos para quienes usan esa vía a diario para trabajar, estudiar, comerciar y producir.
Del lado correntino, también se analiza la eventual instalación de una estación de peaje en las inmediaciones de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, un punto estratégico para el tránsito de cargas vinculado al Mercosur.
Un conflicto que excede a Corrientes
Los 150 despidos de la provincia no son un caso aislado dentro de la reestructuración de las concesiones viales. Trabajadores de otras jurisdicciones también denunciaron pérdida de puestos por el proceso de privatización y reclamaron garantías para sostener la continuidad laboral.
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá terminar con corredores considerados deficitarios y mejorar la infraestructura sin recurrir a fondos del Estado. Desde el sector laboral, en cambio, advierten que el costo de esa transformación se está trasladando a los trabajadores.
Privatización, automatización y reducción de personal se combinan así en un nuevo capítulo del conflicto por el futuro de las rutas nacionales, con cientos de familias que ya perdieron sus ingresos y sin certezas sobre la chance de volver a sus puestos.