Le contestaron a la empresa, pero el Gobierno guardó silencio: el plazo venció y ahora reclaman

El exdiputado provincial Alfredo Marchioli y el abogado Fernando Navarro, vicepresidente de la UCR, salieron a apurar al Gobierno de Catamarca: quieren que explique por qué habilitó a EC SAPEM a seguir cobrando la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA) en las boletas de luz. El pedido llegó justo el día en que se cumplía el plazo de cinco días que la Corte de Justicia le dio al Ministerio de Desarrollo Productivo para responder en la causa.

La cartera productiva había sido notificada el 18 de septiembre, después de que el máximo tribunal decidiera incorporarla al expediente. Esa resolución llegó luego de una audiencia de conciliación que terminó sin acuerdo entre la distribuidora y los amparistas.

El corazón de la pelea

Todo gira alrededor de la Resolución 124/2025, que el Ministerio dictó cuatro meses después de que Marchioli, Navarro y un grupo de usuarios presentaran un amparo colectivo contra el cobro. Esa norma autorizó a la empresa a continuar trasladando la tasa a las facturas.

Marchioli sostuvo que EC SAPEM no pudo justificar por qué los usuarios deben pagar un tributo que nace de una ocupación del espacio que realiza la propia prestataria. También puso la lupa sobre la secuencia de los hechos: si la distribuidora ya estaba en condiciones de cobrar el concepto, planteó, no se entiende por qué el Ejecutivo tuvo que autorizarlo recién después de que los vecinos recurrieran a la Justicia. Y sumó otra pregunta: qué pasa con lo que se abonó antes de esa autorización.

Para el exlegislador, la resolución pone la responsabilidad directa en la gestión provincial. Según su lectura, fue una decisión concreta del Gobierno, que dictó la norma y por eso debe explicar con qué fundamentos lo hizo.

Un reclamo que viene de lejos

El historial arranca en febrero de 2025, cuando ambos dirigentes radicales exigieron por escrito al directorio de EC SAPEM que dejara de trasladar el tributo municipal a los usuarios residenciales. La empresa rechazó el pedido: admitió ser el sujeto obligado principal ante el municipio, pero invocó el contrato de concesión, que a su entender la faculta a transferir ese costo. Frente a esa respuesta, los amparistas acudieron a la Justicia.

El planteo no discute la potestad de los municipios para fijar una tasa por el uso del espacio público. Lo que objeta es que ese costo recaiga en el usuario final en lugar de ser absorbido por la distribuidora, dueña de los postes y del cableado.

A mediados de mes, Marchioli había sumado otro argumento al invocar un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre tasas municipales, que a su criterio ratifica que es la empresa —y no los vecinos— la que debe hacerse cargo del pago.

En el día del vencimiento del plazo, el exdiputado exigió que el Gobierno rompa el silencio y dé una respuesta clara sobre el cobro. “Sube la energía, sube la tasa y paga siempre el vecino”, disparó.