Le contó todo a una docente de su escuela y la Justicia terminó imputando a la pareja de su abuela

Una niña de 12 años le confió a una trabajadora de su escuela lo que estaba viviendo en su casa. Ese relato, que la mujer trasladó a la directora del establecimiento, terminó con la pareja de su abuela imputado por la Justicia de San Luis.

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos contra el hombre por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y la guarda de la víctima, según la calificación que presentó la Fiscalía de Género N° 1.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían comenzado cuando la niña tenía 10 años, entre fines de 2024 y 2025, y la Fiscalía le atribuye al menos tres episodios.

El vínculo que habría aprovechado el imputado

La investigación sostiene que el acusado se habría valido del vínculo de confianza familiar y de los momentos en que la menor quedaba al cuidado de sus abuelos para cometer los abusos denunciados.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la niña vivía con su madre y sus hermanos en una propiedad compartida con su abuela materna y la pareja de esta. Los episodios investigados habrían ocurrido en distintas oportunidades, cuando la menor visitaba a sus abuelos o permanecía bajo su cuidado.

El caso empezó a investigarse cuando la niña confió su relato a una trabajadora del establecimiento educativo con quien tenía una relación de confianza. La mujer se lo comunicó a la directora, que presentó la denuncia y activó la intervención de la Justicia.

En su declaración en Cámara Gesell, la menor también contó que el acusado le habría advertido que no hablara de lo sucedido, mediante un gesto que ella interpretó como una amenaza.

Las pruebas que reunió la Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Marisol Boschi detalló los elementos que sostienen la acusación: la denuncia de la directora del establecimiento, la declaración de la madre, la entrevista en Cámara Gesell y distintos informes médicos y psicológicos.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el informe de Cámara Gesell destacó la coherencia y la estructura lógica del relato de la menor, además de su capacidad para describir los acontecimientos denunciados. También se incorporaron evaluaciones profesionales que registraron manifestaciones de angustia, temor, vergüenza y ansiedad.

Ese material forma parte de la investigación y deberá ser valorado junto con las restantes pruebas que se produzcan a lo largo del proceso judicial.

Las medidas que dispuso la jueza Banó

La magistrada hizo lugar a las medidas de coerción pedidas por la Fiscalía. El imputado deberá presentarse mensualmente a firmar el libro de imputados de la Fiscalía de Género N° 1 y no podrá salir de la provincia de San Luis durante 90 días.

A esas condiciones se suman otras que ya estaban vigentes, como una restricción de acercamiento a la niña y la exclusión del hogar.

En la audiencia, la defensora adjunta María Eva Morel manifestó que no compartía los hechos atribuidos a su asistido ni la calificación legal propuesta por la Fiscalía. La defensa anticipó que desarrollará su propia teoría del caso y pedirá la producción de nuevas pruebas.

La formulación de cargos no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.