Le cortaron el fútbol por deudor: la insólita sanción que aplicó la Justicia a un padre en Río Negro

Un padre que debía la cuota alimentaria de su hija recibió un castigo inesperado: la Justicia le prohibió jugar al fútbol. La medida, dispuesta por el Juzgado de Familia de El Bolsón, busca presionarlo para que regularice su deuda.

El hombre, cuya identidad no trascendió, había sido denunciado por la madre de la menor debido al incumplimiento reiterado de la prestación alimentaria. A pesar de las acciones judiciales previas, el padre continuaba sin pagar.

En el expediente consta que ya se habían aplicado otras sanciones, como la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, el embargo de bienes y una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Sin embargo, ninguna de ellas logró que el hombre cumpliera con su obligación.

¿Qué medidas tomó la jueza?

Ante la falta de resultados, la magistrada resolvió avanzar con restricciones más severas, amparándose en el Código Civil y Comercial, que permite a los jueces adoptar medidas razonables para asegurar el cumplimiento de las sentencias alimentarias.

La resolución más llamativa fue la desafiliación del club de fútbol donde el hombre practicaba deporte. Además, se le prohibió participar en partidos, entrenamientos y cualquier actividad organizada por la institución. Tanto el club como la asociación deportiva correspondiente fueron notificados para que la medida se cumpla de inmediato y hasta que haya una nueva orden judicial.

Pero la sanción no se quedó solo en el ámbito deportivo. La jueza también ordenó a las municipalidades de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo que inhabiliten y no renueven la licencia de conducir del hombre mientras persista el incumplimiento.

Además, se libraron oficios a Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja para que informen si el demandado posee cuentas activas. Si se detectan fondos, deberán ser inmovilizados y se ejecutará un embargo preventivo.

“No es un castigo, es una herramienta”

En los fundamentos del fallo, la jueza aclaró que las medidas no tienen un carácter punitivo, sino que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia firme. También subrayó que el deber alimentario es parte de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y que su incumplimiento vulnera el interés superior del niño.

La magistrada fue más allá y calificó la situación como una forma de violencia económica contra la madre, quien se ve obligada a afrontar sola las consecuencias económicas de la crianza de su hija.

“Las restricciones resultan razonables y proporcionadas, especialmente porque las herramientas judiciales aplicadas con anterioridad no consiguieron que el hombre cumpliera de manera sostenida con su obligación alimentaria”, concluyó la jueza en su resolución.