Le cortó la tobillera, lo buscan y su ex vive encerrada: el detalle que alarmó a Neuquén
Un hombre con más de 30 denuncias por violencia de género se sacó la tobillera y está prófugo. Su expareja vive encerrada con custodia policial, y desde el municipio advierten que el riesgo es extremo. ¿Qué pasó con la causa que lo tenía bajo control?
Jonathan Fabián Ulloa, alias "el Tanke", está prófugo desde el 9 de octubre, cuando faltó a una audiencia y el sistema de monitoreo detectó el corte de su tobillera electrónica. La Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén lo denunció públicamente por el riesgo extremo que representa para su expareja y reclamó que se difunda su identidad.
La causa por la que fue condenado no fue caratulada como intento de femicidio, según aclaró el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a LM Neuquén. Sin embargo, el área municipal sostiene que los 15 incumplimientos en los que se acercó a la mujer deben considerarse como intentos de femicidio.
Mientras Ulloa sigue con su vida cotidiana —incluso trabajaría como conductor de Uber—, la víctima permanece bajo custodia policial permanente. "Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar", advirtió la subsecretaria Alejandra Oehrens durante una conferencia de prensa en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko.
Quién es "el Tanke" y por qué lo buscan con urgencia
El historial de violencia de género contra Ulloa comenzó a tramitarse en julio de 2025 en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 6, a cargo de la jueza Luna. Desde entonces se dictaron medidas de protección, entre ellas un dispositivo dual de monitoreo electrónico, que según la información oficial no lograron frenar los reiterados incumplimientos denunciados por la víctima.
Según la reconstrucción de la Subsecretaría de las Mujeres, el hombre ingresó al domicilio de su expareja cuando había una consigna policial afuera y fue detenido cuando intentaba acceder con un bidón de nafta. También la amenazó de muerte en distintas oportunidades.
Ante la reiteración de los incumplimientos, el 19 de febrero de 2026 se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. En el proceso penal se le formularon cargos por tres hechos de amenazas y 12 de desobediencia a órdenes judiciales. Se estableció un plazo de investigación de cuatro meses y se dispuso dos meses de prisión preventiva, teniendo en cuenta el riesgo para la integridad de la víctima, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
La condena que no alcanzó
El 3 de julio de 2026, la Fiscalía, la Defensa y la querella —ejercida por la Subsecretaría de las Mujeres— presentaron un acuerdo de procedimiento abreviado que el juez homologó. Ulloa fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por 12 hechos de desobediencia a la autoridad y tres amenazas simples, con reglas de conducta que incluían la prohibición de agredir a la denunciante y un plazo de cuatro años sin cometer nuevos delitos.
Pero, según la Subsecretaría, los incumplimientos continuaron después de la condena. Las funcionarias señalaron que el hombre volvió a contactar a su expareja a través de distintas redes sociales y acumuló más de 15 incumplimientos a las reglas de conducta.
El 9 de octubre debía presentarse a una audiencia en la que se iba a solicitar la revocación de la condicionalidad de la pena para que cumpliera la condena de manera efectiva. No se presentó. Ese mismo día, el sistema de monitoreo detectó la pérdida de señal del dispositivo electrónico por la apertura o el corte del transmisor.
El TSJ informó que la Policía activó la búsqueda, recorrió el domicilio del hombre, su última ubicación registrada por GPS y el entorno de la denunciante. También se dispuso una consigna policial para protegerla. A pedido de la Fiscalía y la querella, se declaró la rebeldía de Ulloa y se ordenó su inmediata captura. Esa orden continúa vigente.
La víctima, encerrada y con custodia permanente
La situación expuesta por la Subsecretaría de las Mujeres pone el foco en una diferencia alarmante: mientras Ulloa permanece prófugo, su expareja necesita custodia policial permanente. Las funcionarias denunciaron que el hombre continúa desarrollando sus actividades habituales e incluso señalaron que trabajaría como conductor de Uber. También afirmaron que sigue enviándole mensajes intimidatorios por redes sociales pese a las restricciones judiciales. Días atrás, consiguió enviarle que se había realizado un tatuaje nuevo con un mensaje para ella.
"Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar", advirtió Oehrens durante la exposición pública del caso, donde las trabajadoras sociales y psicólogas del equipo interdisciplinario expusieron el rostro con carteles para que sean difundidos por los medios. La funcionaria también cuestionó la respuesta de los organismos responsables de la búsqueda y sostuvo que la mujer vive encerrada en su casa con sus hijos, "no puede salir ni a comprar pan" y bajo la amenaza constante de que su expareja aparezca.
El área municipal contabiliza más de 32 denuncias por incumplimientos a las medidas de protección, además de los 15 incumplimientos a las reglas de conducta posteriores a la condena. Las cifras corresponden a categorías distintas y no deben confundirse con los hechos por los que fue condenado en el procedimiento abreviado.
El caso está inscripto en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. El TSJ confirmó que el fuero de Familia mantiene las medidas de protección y que el 5 de septiembre se renovó la vigencia del dispositivo dual. Ulloa tiene una orden de captura en el fuero penal y una orden de averiguación de paradero en el fuero de Familia.
"Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él"
Las funcionarias municipales sostuvieron que el caso no es aislado, pero que cruzó un límite porque tienen la certeza de que Ulloa busca matar a su expareja y debe ser atrapado con urgencia para disponer su prisión preventiva.
"Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él, tanto el Ministerio de Seguridad como la Oficina de Mujeres se tiran la culpa entre ellos y no hacen nada, mientras nosotras no queremos ver más a ninguna mujer en terapia intensiva", reclamaron durante la conferencia de prensa.
"Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas", denunció Oehrens respecto a la falta de respuestas coordinadas no solo para este caso, sino para la totalidad, donde incluyó entre las víctimas a "parejas de empresarios poderosos".
El área Legal inició 16 nuevos expedientes judiciales solo durante septiembre y octubre, y hay 93 casos clasificados como Código A, una categoría que identifica situaciones de riesgo de femicidio. También advirtieron que 20 causas tienen retrasos judiciales. "Entre lo que demoran en resolver instancias judiciales las medidas de protección se interrumpen y las mujeres quedan vulnerables", aseguró Oehrens.
Las funcionarias también alertaron sobre la responsabilidad de la salud pública por las consecuencias psicológicas de estas situaciones y señalaron que muchas mujeres atraviesan intentos de suicidio, como el caso de Natalia Vilte, que se suicidó tras un intento de femicidio y fue visibilizado por sus amigas.
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