El Gobierno provincial hablaba de sueldos que le ganan a la inflación, pero el gremio docente puso sobre la mesa los números que no cierran: quitas de hasta $500.000 por tres días de paro, un piso salarial de $1.030.000 y 250 expedientes sin respuesta. La asamblea ya tomó una decisión que incomoda al Ejecutivo.
La relación entre el gremio que nuclea a los docentes secundarios de Jujuy y el Ejecutivo provincial atraviesa uno de sus peores momentos. La conducción del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) confirmó que la asamblea resolvió declarar "persona no grata" al vocero del Gobierno de Carlos Sadir, en el marco de un conflicto que ya incluye descuentos salariales de hasta 500.000 pesos y la amenaza de un estallido similar al de 2023.
La secretaria general del sindicato, Mercedes Sosa, y el secretario adjunto, Juan Carlos Córdoba, expusieron la postura gremial en el programa Sobremesa. Según detallaron, la declaración contra el funcionario se fundamenta en sus declaraciones sobre los días de paro, que la dirigente calificó como "falaz y maliciosa".
Sosa sostuvo que el vocero oficial difundió datos incorrectos sobre jornadas en las que el sindicato no había convocado a medidas de fuerza, y que esa información se usó para justificar los recortes. "Ya es injusto el descuento, ya es un padecimiento soportar ese recorte en nuestro salario por el ejercicio de un derecho y encima tener que tolerar las manifestaciones de un funcionario que distorsiona la realidad para justificar estos descuentos", disparó, y agregó que "evidentemente deja a las claras que la información o no se chequea o no le pasan bien los datos".
Liquidaciones bajo la lupa: descuentos que no cierran
El corazón del reclamo está en los haberes. Córdoba habló de un "desequilibrio total en el cálculo de los descuentos" y puso números: hay docentes a los que les quitaron hasta 500.000 pesos en un mes por tres días de huelga, sobre sueldos que promedian entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos. La situación se vuelve más llamativa cuando alcanza a trabajadores que ni siquiera adhirieron al paro.
"Te descuentan por las dudas, por si en algún momento se te ocurre hacer paro", ironizó el secretario adjunto.
Desde agosto, según indicó, el gremio presentó alrededor de 250 expedientes que quedaron sin respuestas claras entre las áreas de Recursos Humanos y Hacienda. Frente a ese panorama, la conducción evalúa iniciar acciones judiciales.
Para Sosa, la quita de haberes forma parte de una política de disciplinamiento con un efecto contrario al buscado. "Que pretendan disciplinar a los docentes de la provincia con estos descuentos feroces o con carpetazos para disuadir la protesta, en realidad lo que viene haciendo es generar un caldo de cultivo para que después estalle de una manera masiva como fue en el 2023", advirtió.
Paritarias cerradas y un relato que pierde credibilidad
Los dirigentes también expresaron su preocupación por las señales del Ejecutivo de no volver a convocar a paritarias en lo que queda del año y de no otorgar bono alguno. Sosa cuestionó el discurso oficial que afirma que los sueldos le ganan a la inflación: recordó que el piso salarial ronda los 1.030.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica, y sentenció que "ha perdido credibilidad el relato del Gobierno".
La crítica se extendió al manejo de los recursos públicos. "Cuando nuestro gremio exige mejores condiciones de trabajo, mejor infraestructura y financiamiento de programas, nos dicen que la coparticipación no alcanza. Bueno, si no les alcanza, entonces veamos de dónde sale, pero de algún lado tiene que salir porque si no la exigencia recae cada vez más sobre los planteles docentes y la educación se deteriora", planteó.
En esa misma línea denunciaron una "política del pichuleo" dentro del Ministerio de Educación. El ejemplo que dieron: a los nuevos auxiliares docentes que cubren cargos administrativos se les liquidan 12 horas en lugar de las 15 que se habían reconocido en 2024 para completar el turno. "En lugar de una progresión y un desarrollo, hay una regresión y todo el tiempo es como que se pellizca de todos lados", afirmó Sosa.
A eso sumaron el costo que asumen los propios trabajadores para sostener actividades extracurriculares, como la reciente elección de la paisana provincial en pleno cierre de trimestre, con gastos de vestimenta, música y logística que salen de sus bolsillos.
Violencia en las aulas: "un trabajo insalubre"
El último eje del reclamo apunta al deterioro de las condiciones laborales dentro de las escuelas y al traslado de la violencia social hacia las aulas. El gremio recordó el episodio reciente en el que una docente terminó hospitalizada tras ser agredida por una estudiante.
"Hoy el docente va asustado, no sabe con qué se va a encontrar. En las escuelas no podemos ir a trabajar así; prácticamente se está haciendo un trabajo insalubre", alertó Sosa.
En el marco de la campaña "¿Quién cuida a los que cuidan?", Córdoba describió la situación cotidiana: "el docente está sobrepasado con las tareas y con el estrés que vive cotidianamente de contener la violencia que se reproduce en los establecimientos". El gremio reclama la creación de equipos interdisciplinarios por zona y nivel, y denuncia que "la consulta psicológica no la cubre el Instituto de Seguros".
También exigen asesoramiento jurídico urgente ante las exigencias de los nuevos protocolos penales juveniles y advierten que la sobrecarga burocrática les resta tiempo a la tarea pedagógica.
Asambleas y nuevas medidas en el horizonte
Con ese escenario, la conducción del CEDEMS convocó a los docentes a participar de las próximas asambleas, donde se definirá la continuidad del plan de lucha. No descartaron nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.
"La fuerza colectiva es la que va a lograr cambios, no queda otra; ningún derecho se concedió", cerró Sosa.
