Le dijo que la iba a matar con un arma: el calvario que terminó con un violento tras las rejas
Tenía arresto domiciliario, pero la Justicia le puso fin a la impunidad. La víctima soportó años de violencia y amenazas con armas. Ahora, el agresor deberá cumplir su condena en la cárcel. Conocé los detalles del fallo.
La pesadilla que atravesó una joven salteña durante años encontró su punto final este martes, cuando la Justicia condenó a su expareja a ocho años y medio de prisión. El hombre, de 26 años, fue hallado culpable de un historial de violencia física, sexual y amenazas con armas que mantenían a la víctima sometida.
El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la propia mujer, quien se animó a contar el infierno que vivía junto al padre de su hija. Según el testimonio que brindó ante las autoridades, la convivencia era un suplicio cotidiano: golpes, abusos y constantes amenazas de muerte, muchas de ellas esgrimiendo armas, con el único objetivo de humillarla y controlar cada aspecto de su vida.
La investigación que destapó todo
El Ministerio Público Fiscal reunió pruebas contundentes durante la investigación. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke fue la encargada de presentar el caso en el juicio de debate, donde se imputaron delitos graves como abuso sexual con acceso carnal continuado, coacción, coacción agravada por el uso de arma y desobediencia judicial.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó inicialmente una pena de 11 años de prisión, pero el juez Martín Pérez, del distrito Centro, resolvió finalmente una condena de ocho años y seis meses de ejecución efectiva.
El final del arresto domiciliario
La sentencia no solo significó un duro revés para el agresor, sino que también implicó la revocación inmediata del beneficio del arresto domiciliario del que gozaba. En cuestión de horas, el hombre fue trasladado a la Alcaidía General y, en los próximos días, será derivado de manera definitiva a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas.
Además, el magistrado ordenó la inscripción obligatoria del condenado en el Banco de Datos Genéticos, una medida que busca aportar a la identificación en futuros casos y garantizar la seguridad de la comunidad.
