Le dispararon en la pierna para robarle, pero la Justicia ahora investiga otra hipótesis

Un repartidor de una empresa de sodas quedó con una fractura de tibia tras recibir un disparo durante lo que, en un primer momento, parecía un asalto en el barrio 17 de Octubre. Sin embargo, la causa tomó un rumbo inesperado: la defensa del único detenido sostiene que el robo nunca existió y que todo fue un montaje para cobrar un seguro laboral.

El hecho ocurrió en abril, cuando el trabajador bajó de su vehículo por necesidades personales durante su recorrido. Según la reconstrucción de la fiscalía, una motocicleta con dos ocupantes se le acercó y uno de ellos le exigió el dinero. El repartidor entregó 200.000 pesos y su teléfono celular, y luego recibió un disparo en una de sus piernas.

El herido fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. Los ocupantes de la moto se dieron a la fuga tras el estampido.

La pista que cambió la causa

La investigación para dar con los responsables derivó en la detención de un sospechoso, acusado como presunto autor de robo calificado por el uso de arma de fuego. En la audiencia se expuso que el hombre fue apresado hace poco más de un mes y que, durante un allanamiento en su domicilio, la fiscalía secuestró el celular del repartidor. Ese dispositivo se incorporó como prueba para determinar cómo llegó a manos del imputado.

El Ministerio Público Fiscal pidió que se mantuviera la prisión preventiva por 35 días. Pero fue la defensa la que instaló una versión que dio un vuelco total al expediente.

El asalto simulado y el beneficio de la ART

Al presentar su teoría del caso, el abogado del acusado aseguró que lo ocurrido no fue un robo, sino una maniobra organizada de antemano para simular un asalto y provocar una lesión que habilitara un cobro a una aseguradora de riesgos del trabajo.

De acuerdo con ese relato, el imputado habría recibido un llamado de un compañero para sumarse al falso robo. La persona a la que debía dispararle, según la defensa, no quería seguir trabajando y buscaba retirarse a través del sistema de riesgos laborales. La compensación económica habría sido de 200.000 pesos, repartidos en dos partes. El imputado ratificó esta versión ante la jueza.

La hipótesis abrió además una línea de pesquisa sobre el régimen de las ART, que cubren accidentes y enfermedades laborales pero exigen el cumplimiento de ciertos requisitos para otorgar una prestación o indemnización.

Amenazas en la Alcaidía y medidas de protección

En la misma audiencia, la defensa solicitó que el imputado cumpliera la medida de coerción bajo arresto domiciliario, argumentando que había recibido amenazas mientras estaba alojado en la Alcaidía. Según su testimonio, otro interno lo habría intimidado para que no contara lo sucedido.

La jueza no hizo lugar al pedido de domiciliaria, pero dispuso medidas de protección: ordenó el traslado inmediato del detenido a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas y que se investiguen las amenazas denunciadas.

La prisión preventiva se mantendrá por 25 días. Además, se intimó a la defensa a presentar en las próximas 24 horas los elementos necesarios para producir las pruebas que respalden su teoría. Con dos versiones enfrentadas sobre la mesa, la investigación deberá establecer qué pasó realmente aquella tarde de abril.