Le hackearon el celular y ahora un fiscal está apartado: el escándalo que sacude Concepción

La denuncia por extorsión que Brodersen presentó contra su hijo parecía el eje del caso. Pero en el medio aparecieron capturas de transferencias por casi $20 millones y un fiscal apartado: la causa dio un giro que nadie esperaba.

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Le hackearon el celular y ahora un fiscal está apartado: el escándalo que sacude Concepción
Le hackearon el celular y ahora un fiscal está apartado: el escándalo que sacude Concepción

El exlegislador provincial Luis Brodersen quedó en el centro de una investigación por una presunta transferencia de casi $20 millones a cuentas vinculadas al fiscal Enrique Rojas, quien fue trasladado de manera preventiva al Centro Judicial Capital mientras se analiza el caso. Brodersen negó cualquier maniobra ilegal y aseguró que los movimientos de dinero respondieron a operaciones comerciales.

La medida la dispuso el ministro fiscal Edmundo Jiménez, que además ordenó una auditoría en la fiscalía de Rojas y le encomendó al fiscal regional Fernando Blanno investigar las presuntas transferencias. En paralelo, el fiscal Gerardo Salas sigue adelante con la causa por presunta extorsión que se inició a partir de una denuncia de Brodersen contra su hijo, Leonel, y la pareja de este, Victoria Paradi.

El origen: una disputa familiar que escaló

La acusación sobre los movimientos de dinero apareció en medio de un conflicto doméstico. Paradi difundió en sus redes sociales capturas de supuestas transacciones bancarias y afirmó que Brodersen habría enviado cerca de $20 millones a cuentas relacionadas con Rojas para influir en actuaciones judiciales. Por ahora, la autenticidad y el alcance de esas imágenes deben establecerse mediante peritajes y otras medidas de prueba.

En las presentaciones también se mencionó a la abogada Paula Cortés, señalada como pareja del fiscal y asesora de un legislador en el Consejo Asesor de la Magistratura. La denunciante le atribuyó a Cortés un audio en el que, presuntamente, se aludiría a posibles contactos dentro de la fiscalía y a acuerdos de reparación integral o tareas comunitarias para evitar antecedentes penales. La veracidad y el contexto de ese registro también están sujetos a análisis.

Denuncias cruzadas y allanamientos

El conflicto que derivó en estas acusaciones arrancó meses atrás, cuando Paradi denunció a Leonel Brodersen por presuntos hechos de violencia de género. El 2 de septiembre, Luis Brodersen presentó una denuncia penal contra su hijo y su nuera por supuestas amenazas coactivas y extorsión. Según su planteo, la pareja le habría exigido las llaves de un inmueble de su propiedad en Concepción y lo habría amenazado con que sufriría “consecuencias irreversibles”.

A partir de esa denuncia, la fiscalía pidió allanamientos que se concretaron el 4 de septiembre. En los procedimientos se buscaron teléfonos celulares, computadoras y otros soportes digitales. También se incorporaron capturas de redes sociales y registros de conversaciones que deberán ser examinados para determinar su autenticidad y pertinencia.

El dato temporal que buscan esclarecer

Hay un punto que los investigadores quieren despejar: según la información incorporada al expediente, el movimiento de dinero se habría realizado a fines de julio, antes de que se formalizara la denuncia que dio origen a la disputa judicial. Esa secuencia temporal forma parte de las cuestiones que deberán analizarse junto con la documentación bancaria y el resto de las pruebas.

La defensa de Brodersen

Brodersen rechazó las acusaciones y sostuvo que todo se enmarca en una disputa privada. “Todo esto nace de una situación privada y familiar. La pareja de mi hija ya había sido denunciada por diversos actos y está atacando a mi familia, y yo debo defenderme”, afirmó.

El exlegislador aseguró que las capturas difundidas no reflejan la realidad de las operaciones. Dijo que le hackearon el celular y que las imágenes habrían mezclado información verdadera con datos falsos. También defendió a Rojas y afirmó que los montos mencionados corresponden a transacciones comerciales entre ambos, que —según aseguró— son legales y comprobables.

“Yo no necesito pagar nada para influir en nadie”, expresó Brodersen, quien negó que él o el fiscal hayan cometido un delito. La investigación deberá determinar si existieron las transferencias denunciadas, quiénes fueron sus destinatarios y si tuvieron alguna relación con actuaciones judiciales.

Hace aproximadamente un año, Brodersen había anunciado públicamente su incorporación a La Libertad Avanza. Ese antecedente político forma parte de su trayectoria pública, aunque no guarda por sí mismo relación con las acusaciones que ahora se investigan.

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