Le llueven multas de $100.000 por día y Santilli salió a pelear en la Justicia

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentó ante la Justicia para intentar desactivar las multas diarias que caen sobre su patrimonio personal en pleno conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. La presentación busca frenar la ejecución de las astreintes de $100.000 por día que le fijaron por no cumplir una medida cautelar.

En el escrito, el funcionario pidió que esas sanciones queden en suspenso y, como plan B, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto la sanción. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó tramitar el planteo.

El antecedente que encendió la discusión

La movida llegó después de que la Sala III de ese tribunal concediera, el 15 de octubre, un recurso de apelación del Estado Nacional contra la decisión del juez Martín Cormick, que había dado por incumplida la cautelar y había intimado al Gobierno a cumplirla en cinco días.

Santilli reclamó que las multas no se ejecuten hasta que la Cámara resuelva esa apelación. Su argumento: mantener la sanción mientras la Justicia todavía revisa el supuesto incumplimiento podría dejar consecuencias patrimoniales difíciles de reparar después. Según el jefe de Gabinete, lo que está en discusión es “la existencia misma del incumplimiento atribuido al Estado Nacional” y cómo se interpretan las obligaciones que la resolución judicial da por pendientes.

“Esta petición no procura desconocer la autoridad de las decisiones judiciales”, aclaró en el texto, sino “evitar que se consoliden consecuencias patrimoniales de difícil reparación ulterior” mientras se analiza el fondo del asunto.

Los argumentos contra la sanción personal

Si la suspensión no prospera, el funcionario pidió que se revoque la resolución del 14 de octubre que dispuso la multa en su contra. La apelación quedará en manos de la Cámara.

Uno de sus ejes centrales es procesal: antes de sancionarlo sobre su patrimonio, sostiene, debió recibir una intimación personal que precisara qué conducta tenía que cumplir y en qué plazo. “La intimación que hubiera sido dirigida con anterioridad al Estado Nacional o al Poder Ejecutivo como parte procesal no equivale, sin más, a una comunicación personal al funcionario luego alcanzado por la sanción”, planteó.

Para Santilli, la resolución lo puso frente a una sanción ya aplicada sin darle antes la chance de defenderse, lo que a su criterio compromete las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso. “No corresponde imponerlas directamente a un funcionario que no fue previamente intimado en forma personal, clara y circunstanciada”, afirmó sobre las sanciones conminatorias.

También rechazó que se le atribuya responsabilidad individual por el incumplimiento. La resolución judicial se apoyó en el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto 27.798, pero el jefe de Gabinete consideró que esas referencias no bastan para convertirlo en el obligado directo a ejecutar las prestaciones reclamadas.

“La referencia general a las competencias de coordinación y administración del Jefe de Gabinete no explica, por sí sola, por qué el suscripto sería el obligado directo a ejecutar cada una de las prestaciones específicas discutidas en autos”, sostuvo. Y reclamó que se precise qué norma le impone esa obligación de manera personal y qué conducta concreta se considera incumplida.

Presupuesto, vigencia de la cautelar y reserva federal

Otro de los puntos que puso sobre la mesa es el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para ejecutar gastos públicos. Según su lectura, las órdenes judiciales deben interpretarse junto con las normas que regulan la administración financiera y las autorizaciones presupuestarias.

“La Administración no puede disponer erogaciones ni comprometer créditos al margen de las autorizaciones presupuestarias y de los procedimientos establecidos por el ordenamiento”, argumentó. Y agregó que las astreintes no pueden servir para forzar a un funcionario a tomar medidas que, según su interpretación, choquen con el principio de legalidad presupuestaria.

El funcionario aclaró que ese planteo no busca desconocer las decisiones judiciales, sino que la obligación exigida y la eventual responsabilidad personal por no cumplirla necesitan antes un análisis de compatibilidad con las normas vigentes.

Además, cuestionó la duración de la medida cautelar. Según señaló, la resolución original había fijado su vigencia hasta el dictado de la sentencia en el expediente principal, que se pronunció el 6 de octubre de 2026. Con esa base, sostuvo que debe analizarse si al momento de imponer las multas, el 14 de octubre, todavía existía una obligación cautelar que pudiera ejecutarse y reforzarse con sanciones económicas.

“No corresponde aplicar una sanción conminatoria por la falta de cumplimiento de una orden cuya vigencia temporal se sostiene que había concluido, sin resolver previamente esa cuestión”, afirmó.

Por último, dejó planteada la reserva del caso federal, al considerar que están comprometidas garantías constitucionales y principios como la legalidad, la razonabilidad y la división de poderes.