Le mandaron una carta documento para que se calle: quién la recibió y qué contestó

La interna por el manejo de la empresa estatal de cannabis sumó un capítulo áspero. María Cristina Guzmán, referente del Movimiento Popular Jujeño, reveló que el presidente de CANNAVA S.E., Ignacio Bruera, le envió una carta documento para que se rectifique y deje de repetir sus denuncias. Lejos de retroceder, la dirigente contestó la intimación y redobló la apuesta: apuntó directo a Carlos Sadir y a Gerardo Morales.

“Recibí una carta documento del presidente de CANNAVA, Ignacio Bruera, intimándome a rectificar mis declaraciones y a abstenerme de reiterarlas. Ya la contesté”, contó Guzmán. Y agregó: “Sadir y Morales no pueden desentenderse de lo que ocurre con CANNAVA. La responsabilidad política por la gestión de esta empresa estatal también les corresponde”.

El origen del conflicto: la finca que llaman “Cannava 2”

El cruce tiene un detonante concreto. Guzmán viene advirtiendo sobre lo que considera irregularidades en la Finca El Remate, en Palpalá, a la que bautizó “Cannava 2”. Según su versión, el Gobierno provincial instaló allí cinco naves de cultivo de gran tamaño para albergar cerca de dos millones de semillas, pero no exhibió resoluciones públicas ni autorizaciones de organismos nacionales que respalden la actividad.

La dirigente marcó el contraste con otra finca oficial: “Si tienen un predio aprobado de 260 hectáreas, ¿por qué ponen estas plantaciones en Palpalá sin permisos claros?”, preguntó. En Finca El Pongo, la provincia tiene aprobadas 260 hectáreas, de las cuales solo usa alrededor de 35. Para Guzmán, la opacidad en El Remate y la precariedad en la custodia del lugar generan indignación entre los vecinos de Palpalá.

Presión en el Concejo y la denuncia de los 100 millones de dólares

El intento de silenciar a Guzmán no es un hecho aislado. En el Concejo Deliberante de Palpalá, el edil Rubén González (Frente Palpaleño) viene reclamando que el Municipio responda pedidos de informe sobre habilitaciones comerciales, de seguridad e higiene en El Remate. González anticipó que, si el silencio oficial continúa, impulsarán la interpelación de funcionarios locales y no descartó usar el poder de policía para clausurar el predio si no está en regla.

A esa presión se suma la denuncia de la abogada y exlegisladora Alejandra Cejas, quien volvió a poner la lupa sobre la falta de transparencia financiera. Cejas recordó que durante la gestión de Gerardo Morales se incorporaron créditos por 100 millones de dólares en tres presupuestos provinciales. “¿Dónde está esa plata? ¿Cómo se recuperó? Acá no sale aceite y nadie rinde cuentas de los millones gastados”, disparó. También denunció maniobras para blindar la información pública y cambiar la figura jurídica de la firma estatal.

El cuadro se completa con testimonios de trabajadores de Finca El Pongo, quienes aseguraron haber sido obligados a ocultarse cuando llegaban auditores externos, con el objetivo de simular un funcionamiento normal.

“Exijo respuestas, no cartas documento”

Ante las crecientes contradicciones y los pedidos de informes desde distintos sectores, Guzmán fue tajante sobre el efecto de la intimación legal. “En lugar de cartas documento, espero respuestas sobre las habilitaciones, la producción y el destino de los recursos públicos. No voy a dejar de preguntar. No voy a dejar de exigir transparencia. Solo busco la verdad y la verdad nos hará libres”, concluyó.