Le mandaron una oferta desde una casilla trucha y algo más: el procesamiento que deja al exjefe de ARSAT contra las cuerdas

La Justicia federal de San Isidro procesó a Facundo Leal, quien estuvo al frente de ARSAT durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, en el marco de una investigación por presunta corrupción en la empresa estatal. El juez Lino Mirabelli lo señaló como uno de los responsables de un mecanismo de contrataciones presuntamente direccionadas, sobreprecios y pago de sobornos para favorecer a una firma proveedora.

Junto con el procesamiento, el magistrado dispuso un embargo de $3000 millones sobre los bienes del exfuncionario. La causa también alcanzó a otros exintegrantes de la conducción de ARSAT y a empresarios vinculados con la firma privada, todos procesados por delitos relacionados con la administración fraudulenta de fondos públicos y el pago o cobro de coimas.

Las contrataciones bajo la lupa

El expediente apunta a las operaciones realizadas con Argentina Logistic Services (ALS), una empresa que durante cuatro años prestó servicios de transporte, movimiento de cargas y almacenamiento de equipos para la compañía estatal.

Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS mediante contrataciones directas que no habrían cumplido con los requisitos internos correspondientes. La empresa estatal informó pagos a la proveedora por US$1.695.667 y $32,2 millones, desembolsos que el juez consideró parte del perjuicio económico investigado.

Para Mirabelli, el procedimiento de comparación de precios habría sido una simulación. Entre los elementos valorados figura la creación de una cuenta de correo electrónico atribuida a un supuesto competidor, Tradelog. Además, otra de las ofertas habría sido presentada desde una dirección vinculada con los hermanos Diego y Gastón Padilla, directivos de ALS.

Los mensajes que complican a los imputados

Entre las pruebas incorporadas al expediente hay conversaciones que, según el juez, muestran cómo se habrían negociado las condiciones de los contratos y distribuido los pagos ilegales.

La resolución cita intercambios de 2024 en los que se hace referencia a pagos por fuera de los registros formales. En uno de ellos, Pando describió el negocio como una operación que se manejaba “parte en negro y parte en blanco”.

En otro mensaje, fechado el 13 de junio de ese año, al referirse a los supuestos retornos de dinero, escribió: “Imaginate, aparte a Leal le dio tres meses y nunca más”.

A partir de esos elementos, el juez sostuvo que Leal y otros dos exfuncionarios, Boschin y Pablo Pagani, habrían aceptado y recibido dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera.

La defensa de Leal y las advertencias sobre la investigación

Durante su declaración indagatoria, Leal optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que negó haber intervenido en las contrataciones cuestionadas.

En su descargo, afirmó que no existían documentos, correos electrónicos ni mensajes que lo vincularan con la maniobra. También sostuvo que, si alguien había mencionado su nombre en las conversaciones, eso no implicaba responsabilidad de su parte.

El juez rechazó esa explicación al evaluar el contenido de los chats y las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa.

Según los testimonios de su chofer y de dos asistentes, Pando visitaba con frecuencia las oficinas de ARSAT y mantenía un vínculo cercano con Leal. El chofer también identificó a Diego Padilla como una persona que se reunía con el entonces funcionario en la sede de la compañía.

El expediente había comenzado en enero de 2024, cuando personal de ARSAT denunció el robo de elementos almacenados en un depósito de ALS, ubicado en San Fernando. De acuerdo con la presentación, habían sido sustraídos equipos guardados en 15 contenedores, con un perjuicio estimado en US$151.126 y casi $5 millones.