Le metió la mano en el bolsillo a un jubilado y se llevó 288 mil pesos: qué resolvió la Justicia
¿Qué encontró la junta médica forense que hizo que la Justicia no la condene por el robo de 288 mil pesos al jubilado, pero sí ordene encerrarla en un hospital de Posadas?
El juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, declaró inimputable a una mujer de 33 años acusada de sustraerle 288 mil pesos a un jubilado de 77 y dispuso su sobreseimiento total y definitivo. La resolución no la deja en libertad: ordenó internarla en la Unidad de Salud para Inimputables (USI) del Hospital Doctor Pedro Baliña, en Posadas, como medida de seguridad.
El fallo hizo lugar al pedido del fiscal Héctor Daniel Simón, que había solicitado el sobreseimiento al entender que la mujer, al momento del hecho, no podía comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones. El encuadre legal es el artículo 34, inciso 1, del Código Penal.
El robo en la puerta del banco
Todo empezó con la denuncia de la víctima. Según su relato, el 17 de septiembre pasado, cerca de las 6.45, retiró dinero de un cajero automático del Banco Nación en la esquina de la avenida San Martín y calle Paraguay, en Puerto Rico.
Mientras conversaba frente a la entidad, una mujer se le acercó por la espalda, le metió una mano en el bolsillo derecho de la campera y le sacó 288 mil pesos, una tarjeta de débito de su esposa y los comprobantes de la extracción. Después se fue por calle Paraguay. Testigos del episodio también apuntaron contra la sospechosa.
Citada a declaración indagatoria, la mujer se abstuvo de hablar tras recibir asesoramiento de la Defensoría Oficial.
El informe que cambió el rumbo
La pieza clave para definir su situación procesal fue el informe de una junta médica del Cuerpo Médico Forense, integrada por un psiquiatra, una médica de tribunales y una psicóloga.
Los profesionales registraron antecedentes de padecimiento psíquico desde la adolescencia: diagnóstico de esquizofrenia alrededor de los 14 años, tratamiento farmacológico sin continuidad y consumo de distintas sustancias psicoactivas.
La evaluación describió además alteraciones del pensamiento y de la percepción, ideas delirantes, alucinaciones auditivas y dificultades para interpretar la realidad. Con esos indicadores, los especialistas concluyeron por unanimidad que la mujer no podía dirigir sus actos ni comprender la criminalidad de sus acciones.
También advirtieron que presentaba indicadores de riesgo para sí misma y para terceros, y que necesitaba un tratamiento especializado e interdisciplinario bajo modalidad de internación.
Qué sostuvo el fiscal y qué resolvió el juez
Para Simón, la existencia del hecho y la participación de la mujer estaban acreditadas. Lo que no correspondía, sostuvo, era atribuirle responsabilidad penal por su incapacidad psíquica al momento del robo. Por eso pidió el sobreseimiento y una medida de seguridad que contemplara la internación.
Balanda Gómez coincidió en que hubo una conducta típica y antijurídica, pero entendió que el estado de salud mental de la imputada impedía formular un juicio de reproche penal.
El magistrado evaluó que el tratamiento ambulatorio o la externación bajo cuidado de familiares resultaban insuficientes. Para descartarlos tuvo en cuenta el cuadro de esquizofrenia descompensada, el consumo problemático de sustancias y la falta de una red de contención familiar: la mujer se encontraba en situación de calle.
Por eso ordenó su traslado desde la Comisaría Segunda de Puerto Rico a la USI del Hospital Baliña, en Posadas. La medida quedó sujeta a evaluaciones posteriores y al régimen de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
El sobreseimiento “por incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad” cierra de forma definitiva el proceso penal contra la mujer por este hecho. La internación, en cambio, fue dispuesta como medida de seguridad y no como una pena, según aclararon las fuentes.