Le pidieron al Senado que lo saque: los 193 cheques que complican a un senador formoseño

El intendente de El Colorado puso sobre la mesa 193 cheques rechazados por casi $965 millones y una deuda que roza los $11.261 millones. Detrás de los números, 46 productores chaqueños que entregaron su hacienda y nunca cobraron. El Senado ahora tiene la pelota.

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Le pidieron al Senado que lo saque: los 193 cheques que complican a un senador formoseño
Le pidieron al Senado que lo saque: los 193 cheques que complican a un senador formoseño

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, formalizó ante el Senado de la Nación un pedido de inhabilidad moral contra el senador nacional Francisco Paoltroni, al que acusa de una serie de antecedentes financieros, comerciales y judiciales que, según el escrito, comprometen su permanencia en la banca.

La presentación no se limita a una disputa política. El documento pone sobre la mesa un entramado de sociedades vinculadas al legislador y una cifra que, según la Central de Deudores del Banco Central, asciende a 193 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $965.067.832,20.

Las empresas señaladas y el rastro de los cheques

De acuerdo con los antecedentes citados en la presentación, las firmas Ganaderos de Formosa S.R.L., Los Angelitos S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L. acumularían esa cantidad de documentos rechazados. A ese cuadro se suma una deuda registrada en el sistema financiero que alcanzaría los $11.261 millones, además de ejecuciones judiciales vinculadas con obligaciones impagas.

El detalle más sensible aparece en el rubro ganadero. Ganaderos de Formosa intervenía como consignataria en operaciones de hacienda y, en un remate realizado en Juan José Castelli, Chaco, 46 productores entregaron sus animales y recibieron cheques que después fueron rechazados. El monto involucrado en esa plaza fue estimado en alrededor de $1800 millones. La situación también alcanzó a operaciones en otras localidades de Chaco y Formosa.

El contraste con los créditos personales

Otro de los puntos que la presentación pone bajo la lupa es la actividad crediticia personal del senador. Según la información aportada, entre enero y julio de 2025 Paoltroni habría tomado créditos del Banco Ciudad destinados a una operación vinculada con una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

El dato, por sí solo, no implica una irregularidad: se trata de una operación bancaria habitual y legal. El interrogante que plantea el expediente es cómo se compatibiliza esa toma de financiamiento personal con la existencia, en el mismo período, de obligaciones comerciales y cheques rechazados en sociedades relacionadas con su actividad empresarial.

El origen de las causas y los reclamos laborales

La documentación mencionada en la presentación vincula los embargos y ejecuciones con procesos impulsados por ARCA —el organismo nacional que sucedió a la AFIP— y tramitados ante la Justicia Federal. Según esos antecedentes, no se trataría de decisiones adoptadas por el Gobierno de Formosa, lo que separa el expediente financiero de la discusión política provincial.

El escrito también incorpora reclamos laborales. Según la denuncia de Brignole, en las empresas vinculadas al senador había empleados en negro y alrededor de medio centenar de trabajadores fueron desvinculados, entre ellos quienes habrían trabajado sin registro. Se mencionan además indemnizaciones y liquidaciones pendientes.

Por último, la presentación recuerda que Paoltroni fue vinculado a un escándalo de contrabando en mayo de 2025, a partir de un operativo de la Gendarmería Nacional en Formosa en el que un camión fue interceptado con cigarrillos ilegales y que derivó en un allanamiento. El galpón principal allanado fue señalado como un centro de operaciones vinculado al legislador, quien utilizaba parte del lugar para reuniones privadas y como oficina personal.

El pedido de Brignole invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a corregir, remover o excluir a sus integrantes en determinadas circunstancias. La presentación deberá ser analizada institucionalmente y, eventualmente, girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde los antecedentes podrán confrontarse con documentación y explicaciones de las partes involucradas.

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