Le pidieron borrar las actas y volver a tomar el examen: la docente que se negó y terminó sumariada

Una profesora de matemática de Formosa se negó a modificar los registros de un examen final y la conducción de su escuela le inició un sumario. El gremio Docentes Autoconvocados (GDA) expuso el caso y logró el archivo definitivo de las actuaciones.

La Secretaria Gremial de GDA, Nilda Patiño, y la docente Carmen Báez presentaron un video en las redes sociales del sindicato donde reconstruyeron el proceso administrativo que, tras revisar un expediente de 77 páginas, concluyó con el cierre de la causa en la Dirección de Educación Superior.

El caso, según el gremio, sienta un precedente sobre el debido proceso, la aplicación del Estatuto Docente y los límites frente al acoso laboral en el ámbito educativo.

La negativa que desató el conflicto

Todo comenzó cuando la profesora Báez se negó a alterar los registros académicos después de la sustanciación de un examen final. Según relató, la intención de las autoridades escolares era que borrara actas y libros de examen y volviera a tomar la prueba hasta que una alumna aprobara.

«Básicamente lo que se buscaba era que yo borre unas actas y libros de examen y que vuelva a tomar ese examen hasta que la alumna apruebe. Como no quise prestarme a esa situación, porque no es ético ni profesional, a partir de ahí comenzaron a buscar todo lo malo que supuestamente había hecho», contó la docente en la transmisión.

Ante su postura, la conducción del establecimiento inició una escalada de hostigamiento que incluyó la recopilación arbitraria de actas internas de convivencia e informes escolares para confeccionar un sumario en su contra.

La persecución administrativa afectó el entorno laboral y la estabilidad emocional de Báez, quien incluso fue trasladada bajo la figura de comisión de servicios a otra institución educativa para resguardar su integridad mientras el trámite continuaba. A pesar de la distancia física, el proceso siguió su curso a través de una prevención sumarial radicada en la Dirección de Educación Superior.

La estrategia legal que dio vuelta el caso

Frente a la notificación del voluminoso expediente, el primer impulso del equipo docente fue refutar en detalle cada observación. Sin embargo, la intervención del gremio y su equipo jurídico permitió detectar fallas de fondo en el procedimiento.

Los asesores legales advirtieron que la imputación carecía de precisiones temporales y fácticas, y que se pretendía encuadrar de manera genérica el accionar de la docente en el artículo 5 inciso A de la Ley 931, norma que regula los deberes generales de los trabajadores de la educación.

«Se está poniendo de moda citar en los escritos que ‘Usted ha incumplido los deberes docentes previstos en el artículo 5 inciso A de la Ley 931’, pero si no te dicen concretamente cuándo y en qué circunstancias ese docente incumplió esos deberes, no se debe contestar, porque uno escribe en vano sobre algo que el otro no precisó y hasta puede terminar incriminándose», explicó Patiño.

La Secretaria Gremial subrayó que responder a cargos vagos o formulados fuera de los plazos legales vulnera la estrategia defensiva del trabajador y pone en riesgo su estabilidad laboral. Por eso, el sindicato presentó una impugnación formal contra la prevención sumarial por manifiesta violación del derecho constitucional a la defensa.

Las pruebas que no cerraban

El cotejo de las pruebas reveló contradicciones severas. Los elementos presentados por la directiva escolar consistían en partes de sanciones disciplinarias de estudiantes e informes de aula cotidianos, herramientas que la propia institución insta a utilizar en las jornadas pedagógicas. Paradójicamente, esos registros fueron presentados como prueba de un desempeño deficiente.

Al revisar el legajo personal de Báez, se constató que había obtenido la calificación de «Excelente» en sus conceptos anuales de manera ininterrumpida durante todos los períodos lectivos previos, sin antecedentes desfavorables ni sanciones firmes.

La instructora sumariante de la Dirección de Educación Superior ratificó los planteos del gremio. Al no hallarse elementos probatorios fehacientes que acreditaran una falta concreta ni se especificaran las circunstancias de tiempo, lugar y modo de las supuestas infracciones, la autoridad administrativa resolvió clausurar el procedimiento.

El dictamen oficial determinó el cierre de la causa «por no haberse podido acreditar suficientemente el incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 5 inciso A de la Ley 931 que motivó su apertura conforme a las constancias de las actuaciones y al dictamen final de la instructora», ordenando el archivo definitivo de la prevención sumarial.

El respaldo gremial y la reflexión de la docente

Al término de la exposición, Báez reflexionó sobre el impacto de este tipo de situaciones en la carrera de un educador y la importancia de contar con respaldo en momentos de vulnerabilidad.

«Cuando pasó esto no sabía hacia dónde ir. Por medio de colegas pude llegar al gremio, me ayudaron y me tranquilizaron. Es fundamental asesorarse bien y afiliarse para tener un respaldo, porque cuando pasan estas situaciones uno no sabe qué rumbo tomar y puede hacer cosas que lo perjudiquen. Nunca me sentí tan contenida como acá», manifestó la docente, quien se comprometió a acompañar a otros pares que atraviesen conflictos similares.

Desde la conducción sindical señalaron que el episodio refleja una problemática recurrente en la gestión de diversas instituciones escolares, donde se observa un apartamiento sistemático de las normativas por parte de algunos cargos directivos.

«Hay directivos a los cuales algo en sus procesos cognitivos les nubla la razón, no miran la normativa y no se sujetan a los procedimientos. Hay caminos normativos que se deben seguir si se considera que un colega cometió un error. Cualquiera puede ser acusado de algo, pero se tiene que garantizar plenamente el derecho a la defensa», aseveró Patiño.

Un taller para aprender a defenderse

Frente a la multiplicación de actuaciones administrativas irregulares en las escuelas de la provincia, GDA anunció un ciclo de formación en derecho administrativo laboral orientado a la docencia. La jornada está programada para los primeros días de noviembre y abordará la Ley de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Sumarios y las normativas sobre régimen de disciplina.

El taller será dinámico e interactivo: el equipo legal del gremio responderá a un temario elaborado a partir de las consultas enviadas por los trabajadores mediante un formulario digital.

«Informarse y conocer la norma es como ponerse vacunas; es la herramienta indispensable para evitar que otros disfruten o se aprovechen de nuestra ignorancia», concluyó Patiño, e instó a los trabajadores de todos los niveles y modalidades a sumarse para fortalecer las herramientas de autodefensa en el ejercicio cotidiano de la labor docente.