Le pidieron plata para un traslado que nunca llegó: la deuda siguió creciendo y ahora hay dos imputados

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de forma provisional a una agente de la Policía de Salta y a un hombre como presuntos coautores de estafa y extorsión. La mujer, además, quedó señalada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, según informó la Fiscalía.

La causa arrancó con la denuncia de una efectivo que presta servicio en la Subcomisaría San Jorge y que buscaba un pase al Departamento Bicipolicías. Según su relato, una compañera de trabajo le pasó el teléfono de una tal “Sonia”, presentada como alguien con contactos en la Dirección General de Recursos Humanos y con poder para mover el traslado.

Los pagos y el pedido que lo cambió todo

De acuerdo con la denuncia, por ese contacto le pidieron $700.000 para gestionar el cambio de destino. La mujer transfirió la suma en dos pagos: uno de $200.000 y otro de $500.000, a una cuenta bancaria que pertenecía al otro imputado.

Como el pase nunca se concretó, la denunciante decidió dar de baja el supuesto trámite. Fue entonces cuando le exigieron otros $250.000 para cancelarlo. Hizo dos nuevas transferencias de $100.000 cada una, pero las presiones no pararon: según su testimonio, le advirtieron que la deuda iba a seguir creciendo si no terminaba de pagar. Incluso llegaron a reclamarle el 35% de su sueldo, unos $350.000.

El dato que la llevó a la Fiscalía

Ante esa situación, la mujer empezó a averiguar por su cuenta el número desde el que le gestionaban el traslado. La información que reunió habría permitido vincular esa línea con la agente policial que, al principio, le había dado el contacto. Con esos elementos radicó la denuncia.

La Fiscalía ordenó profundizar la investigación con análisis de comunicaciones, registros digitales, documentación bancaria y movimientos de las cuentas involucradas. La hipótesis del fiscal Escalante sostiene que la agente habría usado un número alternativo y una identidad ficticia para simular que tenía contactos dentro de la fuerza capaces de gestionar traslados a cambio de dinero.

El rastro del dinero

El análisis de los movimientos bancarios permitió reconstruir el recorrido de los fondos. La cuenta que recibió los pagos pertenecía al otro imputado y, según los informes incorporados a la causa, el dinero habría sido transferido después a la agente. Para la Fiscalía, ese movimiento es uno de los elementos que vinculan a ambos con la maniobra investigada.

Entre las pruebas reunidas hay comprobantes de transferencias, comunicaciones, registros del dispositivo utilizado y documentación sobre las cuentas de los imputados.

Según la hipótesis de Escalante, cuando la denunciante quiso desistir del traslado comenzaron las nuevas exigencias de dinero y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda, con presión para que siguiera pagando. Esas circunstancias sustentan la imputación por extorsión, mientras que la acusación por estafa se relaciona con el dinero entregado a partir de la promesa de un traslado que nunca se concretó.

En el marco de la causa, el pasado 4 de septiembre se realizaron allanamientos en los domicilios vinculados con los dos imputados, autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana. De acuerdo con las actuaciones, los procedimientos arrojaron resultados positivos para la investigación.