Le pidieron que se mude a Misiones por trabajo y lo que recibió meses después fue un llamado
Le avisaron que estaba despedida mientras veraneaba en San Antonio Oeste. Lo que siguió fue un juicio en el que sus empleadores negaron todo, hasta que la Cámara del Trabajo de Viedma resolvió.
Una empleada doméstica que pasó más de dos décadas al servicio de la misma familia terminó en los tribunales después de que la despidieran por teléfono. La Cámara del Trabajo de Viedma le dio la razón y ordenó que sus empleadores le abonen una suma superior a los $20 millones.
El vínculo había arrancado a fines del siglo pasado en Puerto de San Antonio Oeste, Río Negro. Durante los primeros 18 años, la mujer vivió bajo el mismo techo que el matrimonio, en la modalidad conocida como "cama adentro", y se ocupaba de las tareas de la casa.
Dos mudanzas y un cambio de rutina
En 2018 la familia se instaló en otra vivienda de la misma localidad rionegrina. La trabajadora siguió a su lado, aunque con una dinámica diferente: ya no dormía allí y se retiraba al terminar su jornada.
Tres años más tarde llegó el movimiento más grande. En mayo de 2021, sus empleadores decidieron trasladarse a Posadas, Misiones, y ella aceptó acompañarlos para continuar con sus tareas.
El golpe llegó en marzo de 2022. Mientras disfrutaba de sus vacaciones en San Antonio Oeste, atendió el teléfono: del otro lado le informaron que estaba despedida. Así se cortaba, de un día para el otro, un lazo laboral de más de 20 años.
La negación y las pruebas que la respaldaron
Ante la falta de reconocimiento del vínculo y la ausencia de indemnización, la mujer envió intimaciones telegráficas y se consideró despedida. El paso siguiente fue la Justicia.
En el juicio, el matrimonio sostuvo que nunca había existido una relación de trabajo. Sin embargo, la trabajadora presentó documentación y sumó testimonios de vecinos, exempleados y otras personas que conocían de cerca la rutina que cumplía en esa casa.
Entre sus obligaciones figuraban la limpieza y el mantenimiento de la vivienda, además del cuidado de las mascotas de la familia. Según quedó asentado en el expediente, también se ocupaba de atender a una mona que era propiedad de sus empleadores.
Qué resolvió el tribunal
Los jueces consideraron que las pruebas confirmaban la existencia del vínculo laboral y que los empleadores no habían cumplido con sus obligaciones. La falta de registración y ese incumplimiento fueron calificados como una injuria grave, lo que habilitó el despido indirecto.
La condena supera los $20 millones e incluye diferencias salariales, la indemnización por despido, horas extras y las multas previstas para el personal de casas particulares. A eso se sumaron intereses y la duplicación de algunos conceptos indemnizatorios.
De ese modo, la Justicia reconoció los derechos de una trabajadora que dedicó más de dos décadas a una misma familia y que debió iniciar un juicio para que ese vínculo fuera admitido.
