Le prestaron plata y le retuvieron la moto: ahora investigan si hubo usura
Le dieron un préstamo y le retuvieron la moto: la Justicia investiga a un prestamista por usura tras dos denuncias.
La Justicia de La Rioja investiga a un prestamista que habría retenido motocicletas como garantía y exigido pagos que superaban ampliamente lo acordado. Dos denuncias ya fueron radicadas en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del juez Daniel Barria.
Un préstamo que se fue de las manos
En uno de los casos, una mujer contó que recibió 700 mil pesos y se comprometió a devolver 1,1 millones. Tras entregar 800 mil pesos, le habrían seguido exigiendo más dinero con sucesivas prórrogas y cambios de condiciones. La moto que dio en garantía quedó en poder del denunciado.
La segunda denuncia la presentó un joven que pidió 200 dólares y acordó devolver 300. Cuando intentó extender el plazo, se enteró de que su rodado había sido publicado para la venta en una red social.
Qué dice la ley
Los hechos fueron encuadrados como presunta usura, un delito previsto en el artículo 175 bis del Código Penal. La causa también podría analizarse bajo la nueva Ley Provincial N.° 10.901, que ratificó el DNU N.° 1.293/2026 y creó un régimen de protección para quienes toman créditos de consumo.
Esa normativa contempla tasas excesivas, falta de información, garantías desproporcionadas y prácticas abusivas de cobranza. Además, el DNU declaró por 180 días la Emergencia Provincial Económica, Crediticia y Social y suspendió embargos y ejecuciones vinculados a esos créditos. La Ley N.° 10.896 hizo lo propio con ejecuciones prendarias.
Qué falta definir
La aplicación de estas normas a los casos denunciados no es automática. La investigación deberá determinar si los hechos configuran el delito de usura y qué pasó con las motos entregadas como garantía.
Los denunciantes aportaron documentación y chats de WhatsApp que serán analizados. Desde la Justicia aclararon que la calificación de presunta usura es solo el encuadre inicial y no implica que el delito esté probado ni que haya responsabilidad penal.