Le prometieron un trabajo en locales de ropa y terminó encerrada: el fallo que conmovió a Santa Cruz

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó a ocho años de prisión efectiva a Noemí Edith Choque Laura y a su pareja, Ramy Ramiro Álvarez Aramayo, al hallarlos coautores de trata de personas con explotación consumada. El juez Mario Gabriel Reynaldi firmó el fallo el 1 de octubre de 2026 y ordenó además una reparación económica de 90 millones de pesos para la víctima.

La sentencia reconstruyó el calvario que sufrió una joven boliviana que en 2015 tenía 19 años y vivía en Yacuiba en una situación de extrema pobreza, cuidando a cinco hermanos menores. Una familiar de la acusada le ofreció un trabajo bien pago en Argentina, con pasaje, comida y alojamiento incluidos. El 17 de octubre de ese año, la joven viajó en micro hasta Río Gallegos junto a su primo. Allí la recibió la pareja, que de inmediato los trasladó a Gobernador Gregores.

Jornadas interminables y control permanente

En esa localidad, la realidad fue otra. La obligaron a atender dos comercios de ropa, "Avig Informal" e "Infinito Informal", de lunes a lunes y feriados, en turnos de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00. Pero al cerrar, debía limpiar los locales y después hacer las tareas domésticas y cocinar en la casa de sus patrones hasta pasadas las 23:00 o las 00:00.

Los dueños monitoreaban cada movimiento con cámaras de seguridad. Le retenían el celular, le prohibían hacer amigos o hablar con clientes. Solo podía llamar a su madre los domingos desde cabinas públicas, siempre con una familiar de los imputados al lado para escuchar la conversación.

Cuando la acusada salía de la vivienda, dejaba a la joven encerrada bajo llave durante horas. Así quedó probado con un mensaje de texto del expediente en el que la víctima le suplicaba: "Hola doña me puede abrir la puerta x favor esq me olvidé la llave de la tienda...".

La defensa y el "pago anual"

En el juicio, la defensa intentó instalar que la denunciante no era una empleada explotada sino una "socia minoritaria" que había pedido cobrar una vez al año para ahorrar. El juez desarmó esa versión: el "pago anual" fue un mecanismo inventado por los patrones para no darle dinero en efectivo durante todo el año, forzándola a depender de ellos hasta para pedir comida o productos de higiene personal.

La pareja también la trajo a Río Gallegos en 2017 para abrir el local "Ámbar Informal" en la Avenida Kirchner y la hizo firmar el contrato de alquiler y el monotributo a su nombre. Aplicando la figura del "levantamiento del velo societario", el tribunal comprobó que la sociedad era una farsa para encubrir trabajo en negro. Los peritajes de WhatsApp demostraron que la joven no manejaba la cuenta bancaria ni se quedaba con dinero: solo iba al banco a retirar montos de $40.000 o $100.000 para entregárselos en mano a su jefa.

Abusos sexuales y el rescate

Al maltrato laboral y al encierro se sumaron abusos sexuales reiterados que el imputado cometía por las noches en la habitación de la joven, aprovechando su estado de indefensión. El veredicto ordenó enviar copia de la causa a la justicia ordinaria de Gobernador Gregores para que se investigue a Álvarez Aramayo por ese delito.

El caso comenzó a destaparse en septiembre de 2018, durante un operativo del Consulado de Bolivia en Río Gallegos. La joven, aterrorizada, le rogó a la funcionaria consular que le guardara la cédula recién tramitada para que sus patrones no se la quitaran. Un mes después, el 11 de octubre de 2018, logró pedir auxilio usando a escondidas el celular de una clienta del negocio. Eso desencadenó el operativo de rescate de la Policía de Santa Cruz y el área de la Mujer.

El fallo y la reparación

Para fijar los ocho años —el mínimo legal para los casos en que la explotación se concreta—, el juez analizó que ni la ley argentina ni los tratados internacionales validan una "aceptación" obtenida por necesidad extrema o engaño. Aunque los acusados no tenían antecedentes penales, el tribunal fundamentó la pena en la gravedad del daño emocional, físico y psicológico causado a la víctima.

La sentencia no está firme. Mientras se resuelvan las instancias superiores, los condenados seguirán en libertad bajo las pautas fijadas en la causa. Cuando se ordene la detención, Choque Laura cumplirá la pena con prisión domiciliaria por razones de salud y por tener a cargo dos hijas de 7 y 11 años, mientras que Álvarez Aramayo irá a la cárcel común.

La reparación de 90 millones de pesos se desglosa en $53.891.700,00 por sueldos adeudados y aguinaldos, $35.000.000,00 por daño moral y psicológico, y $2.323.246,48 por el ahorro ilegal de los jefes. El fallo también ordenó decomisar los bienes secuestrados en los allanamientos.