Le reclamaban casi $73 millones y lo denunciaron: un jubilado sanjuanino se anotó dos triunfos judiciales

ANSES le reclamaba casi $73 millones por haberes que consideraba mal liquidados y lo denunció por presunta estafa procesal. Dos fallos le dieron la razón al jubilado Alfredo Raúl Lozano, pero la causa civil sigue abierta en Mendoza.

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Le reclamaban casi $73 millones y lo denunciaron: un jubilado sanjuanino se anotó dos triunfos judiciales
Le reclamaban casi $73 millones y lo denunciaron: un jubilado sanjuanino se anotó dos triunfos judiciales

Un jubilado de San Juan sumó dos definiciones favorables en el largo enfrentamiento judicial que mantiene con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que busca recuperar casi $73 millones por haberes que considera mal liquidados y que además lo denunció por presunta estafa procesal.

El protagonista de los expedientes es Alfredo Raúl Lozano, quien quedó envuelto en dos causas ante la Justicia Federal. En el fuero penal, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el archivo de la denuncia impulsada por el organismo previsional. En paralelo, el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo rechazó el planteo para revisar las liquidaciones previsionales y recuperar el dinero que ANSES considera abonado de más.

La historia, sin embargo, todavía no tiene punto final. El organismo apeló la resolución de la causa civil y el expediente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que deberá resolver si mantiene el rechazo dispuesto en San Juan o hace lugar al reclamo millonario.

De $14 millones a casi $73 millones

El capítulo penal arrancó en abril de 2022, cuando ANSES acusó a Lozano de presunta “estafa procesal” por un monto original de $14.023.321,06. Según la entidad, durante el trámite previsional se habrían consignado valores de haberes de distintos meses de 1991 y de los primeros meses de 1994 que no se ajustaban a los montos reales.

La hipótesis del organismo sostenía que esos datos habían derivado en un cálculo superior al que correspondía, con un supuesto perjuicio económico para el Estado. La presentación también apuntaba a la intervención de la abogada del jubilado en el trámite.

La causa tuvo varios giros. En mayo de 2022, Rago Gallo dispuso el archivo, decisión que la Cámara mendocina confirmó en diciembre de ese año. Pero en marzo de 2023 la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de ANSES, ordenó desarchivar el expediente y apartó al magistrado.

En septiembre de 2023, otro juez volvió a archivar la denuncia ante la falta de avances en la investigación. ANSES se enteró de esa decisión meses después y recién en noviembre de 2025 presentó una apelación, que fue rechazada por haber sido interpuesta fuera de plazo.

Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza también rechazó la queja del organismo y confirmó el archivo, aunque la decisión fue dividida. Los jueces Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Pizarro votaron por mantenerlo, mientras que Juan Ignacio Pérez Curci sostuvo una postura contraria y consideró que ANSES debía ser notificada y escuchada como parte afectada.

El reclamo millonario sigue abierto

En el expediente civil, ANSES pidió una revisión integral de las liquidaciones y el reintegro de los importes que considera cobrados indebidamente. Según el cálculo presentado por la entidad, la suma actualizada asciende a $72.929.778,21.

Rago Gallo rechazó el planteo por extemporáneo, es decir, por haber sido presentado fuera del plazo correspondiente. Como consecuencia, las liquidaciones aportadas por Lozano fueron consideradas válidas en esa instancia.

El organismo intentó revertir esa decisión a partir de lo resuelto en la causa penal. Sin embargo, el juez entendió que ese antecedente no aportaba elementos nuevos que justificaran modificar su postura. El archivo de la denuncia penal, además, no implicó una evaluación técnica definitiva sobre la exactitud de las liquidaciones previsionales.

La apelación de ANSES fue concedida en septiembre y ahora deberá ser analizada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Sebastián Guillermo Soneira tendrán que resolver si corresponde mantener el rechazo al reclamo civil o habilitar la revisión que pretende el organismo nacional.

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