Le reclamó un audio con dos pedidos insólitos y terminó en el banquillo

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) vuelve a estar en el centro de la polémica. Su secretario general, Raúl Omar Durdos, se sienta esta semana en el banquillo de los acusados por violencia de género. La denuncia la presentó Mariel Betina Santillán, exsecretaria de la Mujer del gremio, quien asegura haber sufrido hostigamiento, maltrato y discriminación.

El juicio oral y público comenzó este martes en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Según el relato de la querella, las supuestas represalias arrancaron en junio de 2022, después de que Santillán votara a favor de restituir al secretario adjunto, David Villalba. A partir de ahí, la dirigente perdió viáticos, le retiraron los vehículos oficiales, le revocaron las licencias a su equipo y quedó aislada de la conducción.

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia fue la reproducción de un audio que Santillán presentó como prueba. En la grabación se escucha una voz que le recrimina: "Me denunciaste porque no te di un coche, me denunciaste porque no te alquilé un departamento... por eso a vos no te di más". En otro registro, la misma voz le reprocha: "Te dije que no te fueras a Estados Unidos y te fuiste a Estados Unidos". El tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes.

El abogado de la querella, Juan Saucedo, describió ante el juez un "bloqueo sistemático" contra Santillán. Ese bloqueo incluyó la expulsión de los canales de comunicación institucionales y la difusión de audios editados en redes sociales para dañar su imagen. También se mostraron imágenes de la denunciante con leyendas agraviantes.

La causa tiene un antecedente grave: en mayo de 2023, el Juzgado N° 8 había ordenado a Durdos prohibición de hostigamiento hacia Santillán. Según Saucedo, esa orden fue violada y, lejos de frenar el amedrentamiento, se promovieron represalias que terminaron con una suspensión de 45 días contra la funcionaria sindical.

Los informes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y de la Oficina de Asistencia a la Víctima concluyeron que las conductas de la conducción gremial encuadran en mecanismos de "desgaste y exclusión", lo que configura violencia pública y política contra la mujer según la Ley 26.485 y el Convenio 190 de la OIT.

El gremio, otra vez en la mira judicial

Durdos conduce el SOMU desde 2017, cuando terminó la intervención de Gladys González. Casi una década después, su gestión acumula denuncias y cuestionamientos. En diciembre pasado, la Junta Electoral del sindicato —controlada por el oficialismo— impugnó la lista opositora de Gerónimo Molina. La maniobra fue judicializada y la Justicia ordenó suspender las elecciones hasta resolver la validez de esa nómina. Aun así, la conducción llevó adelante la votación y Durdos se autoproclamó ganador.

La situación dejó al gremio marítimo al borde de una nueva intervención. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo prorrogó por 45 días los mandatos vencidos y debe decidir si se convocan elecciones generales con todos los candidatos habilitados.

Durdos llegó al SOMU con el respaldo de Hugo Moyano, quien ubicó a su hijo Hugo Antonio como asesor legal de la lista ganadora. La cúpula gremial, además, enfrenta un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) sobre la Obra Social del Personal Marítimo (O.S.P.M.) que revela inconsistencias y un fuerte deterioro económico-financiero. El déficit operativo superó los 3.316 millones de pesos a mediados de 2025 y la deuda con sanatorios, clínicas y droguerías se triplicó. Sin embargo, el dinero siguió fluyendo hacia estudios jurídicos seleccionados, entre ellos el de Hugo Moyano & Asociados, que recibió $6.141.817.