Le robaron el chaleco antibalas en su casa y ahora la oficial de Comodoro debe pagar más de $1 millón

Una oficial de la Policía del Chubut vive una pesadilla administrativa: le robaron el chaleco antibalas de su propia casa en 2022 y ahora el Tribunal de Cuentas le exige pagar más de $1 millón por el equipamiento que le había entregado el Estado. La situación se conoció recientemente y causó conmoción en la fuerza de seguridad.

El hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de la empleada policial y se llevaron, entre otras pertenencias, el chaleco antibalas que formaba parte de su dotación oficial. En ese momento, la oficial denunció el robo, pero lo que nunca imaginó es que años después terminaría siendo sancionada por algo que no fue su culpa.

¿Cuánto tuvo que esperar la oficial para que resolvieran su caso?

Pasaron cuatro años de un lento y engorroso proceso burocrático. Recién ahora, el Tribunal de Cuentas de la provincia intervino y tasó el elemento robado. El valor del chaleco fue calculado en dólares y la cifra final supera el millón de pesos, según la cotización oficial.

Pero la mala noticia no terminó ahí. La oficial ya había cumplido 10 días de arresto interno como parte de la sanción administrativa. Y ahora, además, recibió una intimación formal para que reponga los fondos en un plazo máximo de 15 días.

¿Qué dice la resolución del Tribunal de Cuentas?

La resolución del Tribunal de Cuentas establece que la agente debe hacerse cargo del costo del chaleco antibalas, a pesar de que fue víctima de un robo. La medida generó un fuerte malestar en la fuerza de seguridad, ya que consideran que se está responsabilizando a la oficial por un hecho delictivo que sufrió en su propio domicilio.

La situación pone en evidencia la rigidez de los procedimientos administrativos, que muchas veces no contemplan las circunstancias reales de los hechos. La oficial, que prefirió mantener reserva de su identidad, ahora deberá afrontar un gasto millonario que no estaba en sus planes.

Desde el sindicato policial ya habrían iniciado gestiones para intentar revertir la medida, aunque hasta el momento no hubo una respuesta favorable. Mientras tanto, la oficial corre contra el reloj para juntar el dinero o buscar una alternativa legal que le evite el pago.