Le robaron la moto en La Paternal, el seguro se negó a pagar y la Justicia le dio un giro al caso

Un motociclista de La Paternal sufrió el robo de su Honda XR 150 y su aseguradora se negó a cubrirlo. La Justicia terminó dándole la razón y la empresa ahora deberá pagar una cifra millonaria.

El hecho ocurrió la noche del 21 de octubre de 2022. El dueño, de 24 años, dejó la moto estacionada frente a su casa y al día siguiente ya no estaba. Hizo la denuncia policial, avisó a la compañía y esperó la respuesta, que llegó semanas después: rechazo total al reclamo.

El argumento de la firma fue que el vehículo no tenía "traba volante" ni linga de seguridad, por lo que atribuyó al asegurado una supuesta "culpa grave". La negativa quedó formalizada en una carta documento del 13 de diciembre de 2022, donde la empresa se declaró libre de responsabilidad por esa falta.

El motociclista intimó al pago y, sin respuesta favorable, inició una demanda judicial.

Qué resolvió la primera instancia

El juez le dio la razón al damnificado y condenó a la aseguradora a abonar $735.000 más intereses. Para el magistrado, la póliza no indicaba que la ausencia de esas medidas de seguridad configurara dolo o culpa grave.

El fallo también apuntó contra la empresa por dos puntos clave: no informó de manera adecuada las limitaciones de cobertura y rechazó el siniestro fuera del plazo legal de treinta días. Según la Ley de Seguros, esa demora implica una aceptación tácita del reclamo.

El reclamo original incluía daño material, privación de uso, daño moral y daño punitivo. El juzgado reconoció el valor asegurado y una indemnización por la imposibilidad de usar la moto, pero dejó afuera el daño moral y el punitivo.

La Cámara amplió la condena

Las dos partes apelaron y la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó la responsabilidad de la compañía, pero fue más allá: amplió el monto de la condena.

Los jueces sostuvieron que la aseguradora respondió fuera del plazo legal y que las exclusiones de cobertura deben estar claramente detalladas en la póliza, algo que no ocurría en este contrato. También descartaron que hubiera culpa grave o dolo del asegurado: la carga de la prueba recaía sobre la compañía y no se puede exigir al damnificado una demostración imposible después de un robo.

Sobre la privación de uso, el tribunal consideró que la sola ausencia del vehículo justifica un resarcimiento, incluso sin prueba específica.

Además, la Cámara reconoció el daño moral que la instancia anterior había rechazado, por el tiempo transcurrido y la negativa injustificada de la empresa, y lo fijó en $600.000.

Por último, impuso un daño punitivo de $1.000.000 por la conducta dilatoria y la vulneración de derechos del consumidor, al rechazar la cobertura por una causal no pactada y sumar exigencias poco claras.

Qué deja el fallo para los asegurados

La sentencia analizó en detalle el régimen legal de los contratos de seguro y los deberes de información de las empresas. Las costas del proceso quedaron a cargo de la aseguradora, considerada sustancialmente vencida.

El caso deja en evidencia la importancia de que las compañías informen con precisión las condiciones y restricciones de sus pólizas, y de que respeten los plazos y procedimientos legales al tramitar siniestros.