El Gobierno le cortó el 100% del aporte estatal al Pía Didoménico por seis meses y el colegio reaccionó en tiempo récord: presentó el plan de mejora dos días después de la notificación. Qué debe incluir para recuperar el subsidio y cómo sigue la causa.
El colegio Pía Didoménico quedó en el centro de la tormenta por el caso de bullying que conmocionó a Catamarca y saltó a los medios nacionales. La consecuencia más dura para la institución llegó el lunes 2 de noviembre: el Ministerio de Educación y Trabajo suspendió por seis meses el 100% del aporte estatal al nivel secundario. Dos días después, el colegio presentó el plan de mejora que le exigieron para intentar recuperarlo.
La resolución oficial concluyó que la institución conocía el hostigamiento al menos desde comienzos de junio de este año y no lo comunicó a tiempo. Tampoco hay constancias de que haya avisado a las autoridades, derivado el caso a Mediación Escolar o articulado con los organismos de protección de derechos. La cartera educativa sumó otro punto: no se acreditó la aplicación integral de los protocolos ni un abordaje interdisciplinario con seguimiento.
Qué debe contener el plan de mejora
El Ministerio le puso un plazo de 15 días posteriores a la notificación para presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar, con responsables, plazos, metas y evaluación. El documento debe abordar la prevención, la intervención y la comunicación ante la violencia, la convivencia, la participación de las familias y la creación de espacios seguros de escucha.
La medida obliga a los dueños del colegio, la familia Tello Pohl, a afrontar los sueldos del personal con recursos propios. Según fuentes consultadas por Inforama, los directivos ya les garantizaron a los docentes que los pagos están asegurados y que no habrá recortes de cargos. La promesa: todo seguirá funcionando con normalidad.
Los directivos se mostraron sorprendidos por la suspensión total del aporte, una decisión inusualmente severa para esta gestión. Interpretaron que el Gobierno actuó más por la presión política y social que por hechos objetivos, y alegan en su defensa que todo ocurrió puertas afuera del establecimiento. Sin embargo, el caso era conocido por todos y la institución no actuó en consecuencia ni a tiempo: en sus comunicados aseguraba que esperaba la resolución de la Justicia en las dos causas, lo que no le impedía tomar las riendas de la situación.
El plan deberá ejecutarse recién a partir del ciclo lectivo 2027.
El origen del caso que estalló a mediados de octubre
El episodio salió a la luz cuando una joven de 18 años grabó un video con el rostro desenfocado y un filtro de payaso. Entre risas y burlas, contó cómo habían acorralado a Lucrecia, de 17, en un boliche de Bariloche durante el viaje de egresados. Relató que le tiró alcohol en la cabeza delante de varios compañeros y que la agredida tuvo una crisis emocional: no paraba de llorar y de arrancarse los pelos. Ella, la agresora, se reía y lo disfrutaba. "Que se cague", dijo.
Pero el ataque había empezado antes, en abril, durante la presentación de los buzos de egresados. Tres compañeros de Lucrecia le habrían sustraído el celular, accedieron a un video sexual íntimo y lo hicieron circular. La viralización fue cuestión de horas y la adolescente se enteró a través de una amiga.
En junio, la madre de la joven, que es abogada, presentó una denuncia penal contra los tres señalados. Como única medida de protección, el colegio dispuso que la alumna siguiera cursando de forma virtual.
Dos causas judiciales en paralelo
Con esa denuncia, el fiscal Guillermo Narváez abrió el primer expediente en el fuero penal juvenil por la producción y difusión del material íntimo. Imputó a tres alumnos, dos de los cuales viajaron a Bariloche. Hubo medidas de protección, allanamientos y pericias informáticas, y el 14 de septiembre fracasó una audiencia de reparación entre las partes. Las imputaciones fueron apeladas y quedaron pendientes en la Cámara de Apelaciones.
El segundo frente apunta a las agresiones durante el viaje. La fiscal Paola González Pinto investiga el hostigamiento en Bariloche y la posible participación de otros alumnos. Como la alumna que publicó el video tiene 18 años, la denuncia de la asesoría de menores en su contra se tramita en la justicia ordinaria, por presunta violencia psicológica.
Esa misma alumna presentó un amparo contra la decisión del colegio de darle el pase a otro establecimiento. La jueza de Control de Garantías N° 2, Cecilia Mas Saadi, concedió la cautelar y dispuso que continúe como alumna regular de sexto año, pero con cursado a distancia, sin contacto con la víctima y sin publicar nada sobre el caso. Por otra parte, su familia denunció a autores desconocidos por una agresión a su domicilio.
La declaración de la víctima en Cámara Gesell
El miércoles 4 de noviembre, la víctima declaró en Cámara Gesell durante más de una hora, según informó el abogado querellante de la familia, Roberto Casorla Yalet. Según afirmó el letrado, la joven dijo que sus atacantes querían que muriera y que la alumna investigada la odió desde el primer día.
Casorla Yalet también sostuvo que el celular se lo robaron quienes decían ser sus amigos y que una acompañante del viaje, en estado de ebriedad, permitió el hostigamiento en Bariloche. Atribuyó la continuidad del acoso a la inacción del colegio. Para el abogado, la causa del video y la del bullying deben unificarse porque, aseguró, forman parte de un mismo "plan criminal".
Del silencio en las aulas a las calles
El caso ocupó un lugar central en la agenda mediática nacional. Durante varios días, los principales canales de televisión, radios y diarios de Buenos Aires dedicaron entrevistas, análisis y comentarios al episodio. Los padres de Lucrecia pasaron bastante tiempo frente a pantallas y micrófonos.
En la escuela, un grupo de alumnos protagonizó una sentada de protesta frente al colegio en rechazo al hostigamiento. Lo hicieron en silencio, sin estridencias: sentados y con carteles que rezaban "No al bullying". Una madre tomó la posta y agradeció la actitud de los chicos. "Que nunca nadie sea ajeno al sufrimiento del otro, que no nos falte empatía", dijo.
Una semana después, más de un centenar de personas se movilizaron en la plaza 25 de Mayo y recorrieron las calles en rechazo al bullying y en reclamo de una convivencia sana en la escuela. La movida fue organizada por la agrupación Impulso Joven y la encabezaron los padres de la víctima.
Incluso el gobernador Raúl Jalil fue consultado en un medio porteño. "Creo que la Justicia no actuó bien y la escuela tampoco actuó bien", afirmó. También se mostró a favor de "ir a fondo" con las medidas de gobierno.
Cómo vive hoy la comunidad educativa
Entre los alumnos de sexto año, compañeros de los implicados, se produjo una lógica división: están los que apoyan a la víctima y los que se pusieron del lado de los agresores. Las clases terminan el 4 de diciembre y la incógnita es si ese cisma marcará la despedida del curso. Hay mucho trabajo de apoyo por hacer hasta entonces.
Los padres, en su mayoría, están de acuerdo con las propuestas institucionales del colegio. Pero un grupo mantiene reclamos inflexibles sobre la conducción, en particular porque no les informó sobre lo que estaba ocurriendo y podía afectar a sus hijos.
Uno de los puntos centrales del plan es mejorar la convivencia escolar, algo que requiere dinámicas adaptadas a las características de los adolescentes: poner el foco en la gestión de las emociones, la empatía frente al acoso y la construcción colectiva de las normas básicas para convivir en armonía y con compañerismo.
En ese sentido, es posible que el Pía deba crear un Consejo de Convivencia, al estilo del que funciona en varias escuelas públicas de la provincia, integrado por docentes, padres, alumnos y representantes del centro de estudiantes. Y quizás también un gabinete psicopedagógico con especialistas en problemáticas de violencia escolar.
El 30 de octubre el Pía Didoménico cumplió 47 años. Su apuesta fue ofrecer un servicio educativo de calidad, con buena formación bilingüe e instalaciones modernas. Hoy la matrícula en el nivel secundario ronda los 100.000 pesos y en el primario casi no hay cupos.
El interrogante que queda es cuál será el impacto del escándalo a futuro, porque el golpe al prestigio institucional es indudable. Pero más allá del caso puntual, queda claro que tanto el sistema educativo como las normas vigentes en Catamarca no están a la altura del cuidado que necesitan los jóvenes dentro y fuera del aula.
