La suspensión de las pensiones por discapacidad ya tiene nombre y apellido en Misiones: miles de beneficiarios quedaron en la mira y ahora deben probar otra vez lo que ya tenían acreditado. Los turnos médicos, las oficinas y un plazo que corre en su contra complican todo.
La suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral dispuesta por el Gobierno nacional golpea de lleno a Misiones: 1.026 beneficiarios de la provincia quedaron alcanzados por la medida, sobre un total de 21.812 prestaciones en todo el país. La decisión forma parte de las auditorías que la administración de Javier Milei lleva adelante sobre las pensiones por discapacidad.
El nuevo listado dejó sin efecto la restitución de prestaciones que habían sido rehabilitadas durante 2025, después de los reclamos judiciales que pusieron en duda las bajas de los procedimientos anteriores. Para las personas con discapacidad y sus familias, la medida reabrió una preocupación que parecía saldada.
“No estamos en contra de la auditoría, pero no de esta forma salvaje”
El diputado provincial Cristian Castro cuestionó las condiciones en las que se ejecuta el proceso y advirtió sobre las trabas que enfrentan los beneficiarios para cumplir con los requisitos administrativos y médicos. Aclaró que no se opone a que el Estado controle la asignación de los recursos, pero reclamó procedimientos acordes a la vida real de los alcanzados.
“Nosotros no estamos en contra de la auditoría. Hay muchas personas que seguramente tienen una pensión y no corresponden. No estamos en contra de que el Estado verifique, pero que esto se haga de una forma correcta, no de la forma salvaje que se llevó a cabo el año pasado”, sostuvo el legislador.
El caso que mostró todo: 94% de discapacidad y la pensión suspendida
Durante una entrevista radial en la que participaban Castro y el diputado provincial Héctor Cacho Bárbaro, se comunicó Juan Carlos Ferraz, un hombre con un 94% de discapacidad que quería saber si su prestación estaba en el listado de suspensiones. La consulta se hizo a través de una herramienta digital que desarrolló el equipo de Castro para facilitar la búsqueda: hasta ese momento, los beneficiarios debían abrir un archivo PDF y revisar a mano si su nombre aparecía entre los alcanzados.
Con el DNI de Ferraz confirmaron que su pensión estaba suspendida. El hombre explicó que ese ingreso era lo que le permitía pagar el alquiler y cubrir sus necesidades básicas. Según relató Castro, ya no tenía dinero para comprar alimentos.
El caso expuso además las barreras administrativas: Ferraz no sabía leer ni escribir y tampoco recordaba su número de documento, así que tuvo que comunicarse con un sobrino para conseguirlo y completar la consulta. Castro indicó que Bárbaro conoce al beneficiario y se comprometió a acompañarlo para reunir la documentación y gestionar la recuperación de la prestación.
60 días y un plazo que choca contra la realidad
El diputado estimó que alrededor de 1.100 beneficiarios de Misiones estaban incluidos en el proceso. El aplicativo de consulta registró unas 12.000 búsquedas y detectó cerca de 500 personas cuyos documentos figuraban en el listado.
De acuerdo con Castro, quienes aparecen en la nómina no percibirían el pago de noviembre y tienen 60 días para presentar la documentación requerida ante la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), organismo que reemplazó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Si no cumplen con ese procedimiento, podrían quedar expuestos a la baja definitiva de la prestación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a si es posible reunir los certificados e informes médicos actualizados dentro de ese plazo. El legislador señaló que los hospitales públicos atraviesan dificultades para otorgar turnos, una situación que condiciona especialmente a quienes necesitan estudios y evaluaciones para acreditar nuevamente su discapacidad.
“Esta persona, si tiene que presentar documentación actualizada, imaginate, no se están consiguiendo turnos para el Madariaga, y los hospitales del interior también estamos muy complicados”, planteó.
Un solo punto de atención y un trámite que exige conectividad
A la dificultad de los turnos se suma la situación de quienes tienen movilidad reducida o necesitan asistencia para trasladarse. Para Castro, el diseño de los procedimientos tampoco contempla las particularidades territoriales de provincias como Misiones, donde muchos beneficiarios viven lejos de los centros de atención.
El diputado cuestionó además la disponibilidad de oficinas para consultas presenciales. Según explicó, en Misiones existe un único punto de atención vinculado a Andis, ubicado en la Udai de Anses de Posadas, donde trabaja una persona del organismo. También se incorporaron las oficinas de Pami como espacios de consulta, aunque Castro relató que un beneficiario del interior acudió a una de esas dependencias y terminó derivado al propio legislador para averiguar qué documentación debía presentar.
Entre las alternativas para gestionar los trámites figuran el correo electrónico, la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), Mi Anses y Mi Argentina. Permiten iniciar gestiones sin ir a una oficina, pero requieren conocimientos, acceso a dispositivos y conectividad, condiciones que el diputado señaló como una barrera para parte de la población alcanzada.
El caso de Ferraz, que necesitó la ayuda de un familiar para conseguir su número de DNI, refleja las dificultades que puede encontrar una persona con discapacidad para resolver por sus propios medios un procedimiento completamente digital.
En Misiones, donde más de mil prestaciones quedaron alcanzadas por la medida, la atención presencial, los turnos médicos y el acompañamiento para completar los trámites aparecen como factores determinantes para evitar que personas con discapacidad pierdan un ingreso del que dependen para su subsistencia diaria.
