Le tiraron piedras por defender a su familia, murió semanas después y ahora el TSJ movió el expediente
La familia de Alejandro Palemarchuk sigue esperando respuestas: más de diez personas le arrojaron piedras frente a su casa en Caleta Olivia y él murió semanas después. Nadie está detenido y ahora el TSJ ordenó revisar el expediente.
Alejandro Palemarchuk tenía 34 años, trabajaba como estibador en Caleta Olivia y murió el 6 de julio de 2026 tras una agresión que sufrió frente a su casa del barrio Vista Hermosa. Más de diez personas le arrojaron piedras, según el relato de su madre, y la investigación sigue sin detenidos.
La familia reclama avances y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) ordenó relevar el estado del expediente y las medidas de prueba pendientes. La causa también quedó alcanzada por un relevamiento más amplio sobre el funcionamiento de los juzgados de la ciudad.
Qué pasó esa noche
El ataque ocurrió aproximadamente una semana antes de su muerte. De acuerdo con el testimonio de Patricia Palemarchuk, su hijo salió de la vivienda al escuchar un golpe y se encontró con un grupo que preguntaba por sus hijos. Después de una discusión, comenzaron a arrojarle piedras. La mujer sostuvo que eran más de diez personas.
Las lesiones fueron graves. Palemarchuk fue trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Recibió el alta, pero su estado volvió a complicarse: según la familia, sufrió una descompensación, presentó un cuadro respiratorio y debió regresar al hospital. Murió en ese centro de salud durante la madrugada del lunes 6 de julio.
La familia sostiene que la agresión se produjo luego de una pelea entre jóvenes y que Palemarchuk intervino en defensa de su familia. La Justicia debe determinar las circunstancias concretas del ataque y la participación individual de las personas investigadas.
Qué pruebas se esperan
En el expediente hay cámaras de seguridad incorporadas y se aguardan pericias sobre teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. Esos dispositivos podrían aportar datos sobre comunicaciones vinculadas al hecho, aunque el resultado de los análisis todavía no fue informado públicamente.
Qué reclama la familia
Romina Retamal, viuda de Palemarchuk, volvió a reclamar públicamente avances en la causa y cuestionó que las personas señaladas por el ataque continúen en libertad. Según manifestó, la familia atraviesa una situación de temor y existen medidas perimetrales respecto de seis personas.
Retamal también afirmó que esas medidas habrían sido incumplidas en distintas oportunidades y que algunos episodios fueron comunicados a la Justicia. Entre los elementos que la familia espera que se analicen están las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias de los teléfonos.
Según el último reclamo difundido, la causa se encuentra actualmente en Río Gallegos, mientras la familia espera respuestas sobre las medidas de prueba pendientes.
Por qué intervino el TSJ
El caso tomó otra dimensión cuando el TSJ incluyó la investigación por la muerte de Palemarchuk dentro de un relevamiento de causas penales tramitadas en Caleta Olivia. La medida también alcanzó al expediente relacionado con la desaparición y muerte de Mario García.
La decisión se formalizó mediante una resolución de agosto de 2026. El TSJ dispuso que el Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial releve el estado de ambos expedientes, identifique las medidas de prueba pendientes y eleve un informe al máximo tribunal. El plazo establecido es de 15 días desde la notificación.
La intervención es administrativa y está vinculada con las facultades de control y superintendencia del TSJ sobre el funcionamiento del Poder Judicial. No implica que el tribunal haya determinado responsabilidades penales ni anticipado una decisión sobre el fondo de la causa.
El antecedente es relevante porque en junio el TSJ ya había realizado una recorrida institucional por dependencias judiciales de Caleta Olivia y ordenado inspecciones y relevamientos sobre el funcionamiento de los juzgados, el estado de los expedientes y eventuales dificultades que pudieran afectar la prestación del servicio de Justicia.
El relevamiento ordenado deberá aportar ahora un diagnóstico formal sobre el estado del expediente y establecer qué actuaciones continúan pendientes. Mientras la causa permanezca en etapa de investigación, corresponde preservar la presunción de inocencia y evitar atribuir responsabilidades penales definitivas que todavía no hayan sido establecidas judicialmente.