Le tocaba definir la causa $LIBRA y Milei lo ascendió ese mismo día

El juez Daniel Rafecas quedó al frente del expediente por el criptoescándalo de manera interina y, en su primera movida relevante, le corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que opine sobre el planteo de la Fiscalía Anticorrupción que busca reabrir la investigación contra el presidente Javier Milei. Ese mismo día, el Ejecutivo envió al Senado el pliego para ascender a Rafecas a camarista de la Cámara Nacional de Casación Penal.

La coincidencia no pasó desapercibida. El magistrado subroga el juzgado que estaba a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi hasta el 6 de noviembre, el mismo tribunal donde tramita la causa por el escándalo del token. Según pudo reconstruir este medio, Rafecas también girará a Taiano el escrito presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que actúan como Amicus Curiae y reclamaron revocar los sobreseimientos de Milei, su hermana Karina y los otros nueve imputados.

Una salida para ganar tiempo

Con ese movimiento, Rafecas se saca de encima la obligación de expedirse sobre una causa de altísima sensibilidad para la Casa Rosada. La intención del juez, según pudo saber este medio, es que los planteos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y de las dos ONG los resuelva Martínez de Giorgi, que retoma el juzgado cuando termine su licencia este viernes.

El titular del juzgado fue quien el 23 de octubre dictó el fallo que sobreseyó a los once acusados. Lo hizo tres meses después de que Milei designara jueza a su esposa, Ana Juan, al frente del juzgado federal de Hurlingham, y con el respaldo de un dictamen de Taiano que, según este medio, funcionó más como defensa que como acusación.

La pregunta que sobrevuela es directa: ¿el envío del pliego al Senado, una maniobra atribuida al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, busca condicionar a Rafecas para que no falle contra el gobierno? El texto no ofrece certezas, pero la secuencia temporal alimenta las suspicacias.

Qué pide la PIA

La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Sergio Rodríguez, tomó el planteo de CIPCE e INECIP y el 29 de octubre asumió la acción penal en el caso, de la que Taiano había desistido, para pedirle al juez que reabra la pesquisa. El organismo remarcó una serie de hechos que los sobreseimientos dejaron de lado y que involucran directamente al Presidente, principal beneficiado del cierre de la causa.

En su presentación, la PIA solicitó "se deje sin efecto" la resolución que dispuso los sobreseimientos "por entender esta parte que la misma resulta prematura". También trasladó el escrito de las ONG porque se cuestiona que no se respetó la Ley de Víctimas. Y apeló en subsidio por si el juez rechaza retomar la acción: "No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario", sostuvo, al señalar que restan medidas de prueba por profundizar.

El escrito, difundido el viernes, apunta a varios puntos. Pregunta cómo hizo el Presidente para difundir el contrato de $LIBRA si no era de acceso público; observa la falta de claridad sobre los ingresos a la Casa Rosada de varios acusados "autorizados por la Secretaría General de la Presidencia", entre ellos el trader Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el impulsor del token, Hayden Davis. Y pone la lupa en una nota hallada en el celular de Novelli que menciona un pago de USD 5 millones por promocionar el token, con una parte destinada al jefe de Estado y a su hermana.

El blindaje y la apelación que viene

Todo indica que Taiano cuestionará el planteo de la PIA, como lo hizo cada vez que se intentó avanzar en la causa. Si Martínez de Giorgi y el fiscal sostienen sus posiciones, el escrito escalará a la Cámara Federal porteña.

El accionar de la PIA y de las ONG es clave para mantener vivo el expediente. El fallo de Martínez de Giorgi apuntaba al cierre definitivo porque no quedaban querellantes: los damnificados que actuaban como acusadores privados fueron apartados por el mismo juez. Esos damnificados esperan que la Cámara Federal de Casación Penal, con los camaristas Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, revise la apelación para que se revoque su desplazamiento. Esta semana no había novedades. Si recuperan su lugar, podrán recurrir cualquier intento de clausurar la investigación.

El ascenso y el apuro

El mensaje enviado al Senado pide el acuerdo para designar a Rafecas como vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 7. Lleva la firma de Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. No firmó Mahiques, quien había propuesto al juez para el cargo, porque según su entorno está de licencia hasta este miércoles y el Presidente viajaba al exterior, por lo que el pliego debía salir esta semana.

Rafecas concursó en 2018 y quedó primero en la terna que compartió con Fernando Caunedo y Alberto Huarte Petite. El concurso estuvo años frenado en el Poder Ejecutivo hasta que, justo cuando el juez tenía la causa $LIBRA, decidieron promoverlo. Ahora el pliego pasa a la comisión de Acuerdos del Senado y luego al plenario: con mayoría simple, queda a un decreto de ser camarista.

Antes fue candidato de Alberto Fernández para la Procuración General, postulación que naufragó por falta de apoyo político. En enero, desde La Libertad Avanza ya señalaban que podía ser nombrado camarista este año: "Le fue muy bien en el examen", decían, y lo definían como "un buen candidato para juez de casación ordinaria".

Las causas que quedarían atrás

Si se va de Comodoro Py, Rafecas dejará expedientes seguidos de cerca por la Casa Rosada. Uno de los más sensibles es el atentado a la AMIA, donde procesó a ocho acusados iraníes y libaneses aplicando la ley de juicio en ausencia impulsada por este gobierno. Otro investiga el financiamiento de un acto de Milei en el Movistar Arena, con la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, involucrada en hechos de corrupción del caso ANDIS.

Designado juez federal en 2004 por Néstor Kirchner, desde el juzgado N° 3 investigó los crímenes de lesa humanidad del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, una causa que sigue abierta. Hoy está al frente del N° 3, subroga el N° 6 y tiene el interinato en el N° 8.

Con su partida quedarían cinco vacantes en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, casi la mitad de los doce despachos. Hoy están libres los juzgados 6, 9, 11 y 12. Ese hueco abriría la puerta a una nueva avanzada de Mahiques sobre los tribunales más políticos del país.