Le vaciaron la cuenta con una llamada de Andreani: el banco ahora deberá devolverle más de 7 millones
Le dictó un código por teléfono creyendo que era un repartidor y días después se encontró con cuatro préstamos que nunca pidió. La Justicia falló a su favor, pero el banco había argumentado que la culpa era del cliente.
La Justicia de Formosa resolvió que el Banco de Formosa anule cuatro préstamos que un cliente nunca pidió y le reintegre, en un plazo de 48 horas, todo el dinero que ya le habían descontado. Los créditos, por más de 7 millones de pesos, fueron gestionados por estafadores que se hicieron pasar por empleados de una empresa de correo.
El fallo, caratulado como medida autosatisfactiva y numerado 341/2026, lo firmó la jueza María Lourdes Leliur, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la capital provincial. La resolución también alcanza a la billetera digital Movilcash, que deberá afrontar las costas junto a la entidad bancaria.
El llamado que lo cambió todo
Todo empezó el 20 de agosto de 2025. El cliente, identificado en el expediente con las iniciales A.R.S., estaba en su trabajo cuando le entró una llamada desde un número con prefijo de Formosa. Del otro lado, un hombre con acento que no era de la zona se presentó como empleado de Andreani y le avisó que tenía un paquete para él.
Para coordinar la entrega, el supuesto repartidor le pidió que le dictara un código que iba a recibir por mensaje de texto. El cliente lo hizo: leyó en voz alta el código de verificación que le llegó al celular. El estafador le confirmó que el pedido llegaría a su domicilio y que el seguimiento se enviaría por correo electrónico. Después cortó.
Dos días más tarde, cuando entró al home banking para hacer un pago, el hombre se encontró con la maniobra: cuatro préstamos a su nombre por un total superior a los 7 millones de pesos y una serie de débitos y transferencias a terceros que él jamás había autorizado.
La pelea judicial
El cliente hizo la denuncia penal y también acudió a Defensa del Consumidor, con el patrocinio del abogado Esteban David Martínez y la abogada Silvina Alejandra Facio. Cuando el caso llegó a la Justicia provincial, el banco intentó desligarse: sostuvo que el hombre había sido imprudente al compartir los códigos de verificación, que el fraude lo cometió un tercero ajeno a la entidad y que no hubo fallas de seguridad ni problemas técnicos. Según su postura, cuidar las claves y los datos sensibles es responsabilidad del usuario.
La fiscal interviniente no coincidió. Señaló que entre el cliente y el banco existe una relación de consumo, lo que activa todas las normas de defensa del consumidor, pensadas justamente para proteger al usuario frente a empresas con mucho más poder.
La jueza Leliur tomó ese dictamen como base y sumó un concepto clave: los bancos no solo prestan un servicio financiero, también tienen un “deber de seguridad”. Deben evitar que las cuentas se usen para fraudes y que los clientes pierdan su dinero por fallas del sistema. La resolución se apoya en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y en la responsabilidad objetiva de los proveedores financieros.
Qué es el vishing y por qué el banco no queda libre de culpa
El fallo encuadra el caso en una estafa por vishing: un engaño telefónico en el que un delincuente se hace pasar por una empresa confiable —un correo, un banco o un organismo público— para que la víctima entregue códigos o datos clave. Con esa información, los estafadores acceden a las cuentas y en minutos sacan dinero o toman préstamos.
Para la magistrada, aunque la víctima cometa un descuido, como leer un código que no debería compartir, el banco no queda automáticamente liberado. Tiene la obligación de contar con sistemas que detecten operaciones raras y, ante la duda, frenen o verifiquen los movimientos.
En este expediente había varias señales de alarma que la entidad debería haber advertido: cuatro préstamos pedidos el mismo día en poco más de una hora, montos muy elevados —sobre todo el primero— y múltiples transferencias inmediatas, por sumas similares, a una misma cuenta que no era habitual en el cliente.
Frente a un patrón así, según la jueza, el sistema debía disparar alertas: bloquear temporalmente las operaciones, pedir confirmaciones adicionales por otros medios o, al menos, revisar si ese tipo de movimientos eran habituales. Nada de eso se probó que haya ocurrido.
El fallo también recuerda que el Banco Central ya tiene reglas claras para las entidades: conocer el comportamiento de sus clientes, controlar las cuentas, prestar especial atención a transferencias importantes y a cuentas nuevas o no habituales, y contar con mecanismos para prevenir fraudes electrónicos.
La sentencia subraya que la seguridad no puede depender solo de la desconfianza o la experiencia tecnológica del usuario. Si los bancos empujan a la gente a usar cajeros, aplicaciones y billeteras virtuales, también deben asumir los riesgos que eso trae y no descargar toda la culpa en la persona estafada.
Qué ordena la sentencia
En la parte resolutiva, la jueza hizo lugar al pedido de A.R.S. y ordenó al Banco de Formosa S.A. dejar sin efecto los cuatro préstamos tomados en su nombre el 20 de agosto de 2025. Además, la entidad deberá devolver en 48 horas desde la notificación todo lo descontado por las cuotas de esos créditos y presentar un detalle completo de los débitos realizados.
Las costas del proceso, es decir gastos y honorarios, quedan a cargo del Banco de Formosa S.A. y de Movilcash S.A.
La resolución 341/2026 se suma a otros precedentes de la Justicia Provincial en casos de estafas virtuales y fraudes por llamadas, mensajes o correos falsos. El mensaje que dejan es contundente: el banco no puede limitarse a decir que “el cliente se equivocó”; tiene que demostrar que hizo todo lo posible para prevenir el daño.
En un contexto donde casi todo pasa por el celular y las apps, el fallo marca un camino: la ciberseguridad y la protección del consumidor ya no son un plus, sino una obligación central para el sistema financiero.
