Les ordenaron investigar una empresa de volquetes, pero terminaron presos por lo que hicieron con los dueños

La Justicia de San Martín detuvo a cuatro efectivos de la Delegación de Ciudadela de la División de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados de extorsionar a los dueños de una empresa de volquetes a la que debían investigar por contaminación.

Los policías tenían la orden de reunir pruebas contra la firma, señalada por arrojar residuos peligrosos sin el tratamiento obligatorio y en lugares prohibidos. En lugar de eso, según la pesquisa, les exigieron una suma millonaria de dinero para no allanar los galpones y cajonear el expediente.

El allanamiento en la propia sede policial

Las detenciones se concretaron durante un operativo en la sede de la delegación, ubicada en Maldonado entre 9 de Julio y Gazeta de Buenos Aires, en el partido de Tres de Febrero.

El procedimiento fue autorizado por el juez de Garantías de San Martín Mariano González, a pedido de la fiscalía de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial. Como los sospechosos son funcionarios policiales bonaerenses, el Ministerio Público convocó a la Policía Federal para llevar adelante la investigación.

Cuando los detectives federales irrumpieron en la dependencia que debe combatir los delitos ecológicos en territorio bonaerense, secuestraron un expediente de 40 páginas sin numerar, los libros de guardia, las planillas de presentismo y las armas de los efectivos que estaban en ese momento en el lugar.

Quiénes quedaron detenidos

Tras identificar a todo el personal presente, la fiscalía ordenó la detención del subcomisario que tenía a su cargo la delegación y de tres suboficiales, entre ellos una mujer.

Los cuatro fueron indagados y quedaron detenidos por el delito de extorsión.

Cómo empezó la investigación

La causa arrancó en marzo, cuando los funcionarios judiciales comprobaron que los policías no habían cumplido con la orden de buscar pruebas sobre la responsabilidad de una empresa de camiones y volquetes que arrojaba residuos peligrosos sin el tratamiento obligatorio y en lugares prohibidos.

Los investigadores determinaron que los efectivos concurrieron en varias oportunidades a la empresa denunciada entre diciembre de 2025 y marzo de este año. Pero, en lugar de realizar tareas de inteligencia y búsqueda de pruebas, exigieron el pago de dinero para frenar el avance de la causa y evitar el allanamiento.