Les pidieron no hablar del precio de la yerba, pero la reunión terminó de otra manera

Los funcionarios nacionales que llegaron a Posadas con una propuesta para reorganizar los controles del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se encontraron con un reclamo que no estaba en el temario: el derrumbe del precio de la hoja verde. La discusión, que había sido convocada para analizar una posible articulación con el SENASA, derivó en un fuerte cuestionamiento de los productores yerbateros.

Roberto Ferreyra, director del INYM por el sector de la Producción y representante de la Asociación Civil de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, reveló en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que hubo una recomendación previa para que el tema precio no se tocara. "Hubo recomendación de la gestión actual de que no tocáramos el tema precio en la reunión y fue nuestro principal tema", afirmó. El planteo también fue llevado a la mesa por la representación del Gobierno de Misiones.

Una propuesta que generó malestar

Según la comunicación oficial del INYM, la comitiva llegada desde Buenos Aires presentó un proyecto para avanzar hacia un convenio con el SENASA que articule acciones de ejecución, fiscalización, registro, inspección y control de la materia prima, además de verificar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino sobre la yerba elaborada. El proyecto todavía no está aprobado y pasó a análisis del Directorio.

Ferreyra, sin embargo, describió la iniciativa como "una propuesta de reordenamiento normativo" que, desde su perspectiva, implica continuar retirando competencias al Instituto, especialmente en fiscalización y registros. También cuestionó que los directores no hubieran conocido previamente el contenido integral del proyecto y sostuvo que el propio INYM dispone de un cuerpo jurídico con experiencia suficiente para elaborar cualquier modificación necesaria.

"Que te traigan desde Buenos Aires algo armado, sin haber socializado antes la propuesta con los directores", señaló como uno de los puntos que generaron malestar. Indicó que, al momento de la reunión, todavía no contaban con el documento completo para analizarlo en profundidad.

El control en góndola y la discusión por el precio

Uno de los argumentos expuestos para justificar la reorganización fue la necesidad de reducir burocracia y avanzar hacia controles sobre el producto en góndola. Allí surgió otra objeción: "Preguntamos puntualmente: '¿Quién va a hacer el control en góndola? ¿SENASA?'. No. Esa función está delegada en las provincias", relató Ferreyra.

Para el dirigente, el debate institucional desplazó la cuestión económica que atraviesa a las chacras. Y apareció el tema que, según aseguró, la Nación había recomendado no introducir: cuánto debería recibir un productor por kilo de hoja verde. Ferreyra sostuvo que la materia prima se entrega aproximadamente al 50% del valor necesario para cubrir los costos. "Hoy debería estar a 700 pesos y no se perciben 300", planteó. Esa brecha representa, estimó, alrededor de $300 mil millones que dejan de circular entre los primeros eslabones de la cadena, con consecuencias que alcanzan a trabajadores, secaderos, comercios y municipios vinculados a la actividad.

Un informe sectorial difundido esta semana mostró que durante el primer semestre de 2026 el productor primario captó, en promedio, apenas el 13,3% del valor final de un kilo de yerba vendido al consumidor, la menor proporción desde 2019.

Ferreyra señaló que los funcionarios nacionales ratificaron que no habrá intervención sobre el precio y que la respuesta sigue siendo esperar a que la desregulación produzca una mejora. Esa posición coincide con la expresada en julio por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la continuidad del esquema pese a los cuestionamientos de productores, cooperativas, trabajadores, secaderos y representantes provinciales.

"Hay mínimamente entre 13 mil y 15 mil familias yerbateras que están directamente afectadas", advirtió. Durante la reunión, contó, usaron el mate que bebían los propios funcionarios como ejemplo: "El mate que usted está tomando es producto de la explotación de los productores".

También recordó una conversación anterior con el área de Desregulación, donde les manifestaron que pretendían una yerba más barata. "Nos dijeron que quieren vender yerba barata. Entonces ellos sí están interviniendo en el mercado", sostuvo.

"Es sistemático"

La propuesta no aparece aislada. Desde el DNU 70/2023, el INYM sufrió cambios: el Decreto 812/2025 estableció que el Instituto no puede dictar normas que alteren la libre interacción de la oferta y la demanda y ordenó revisar su estructura normativa. Además, se modificó el objetivo del organismo: donde antes se hablaba de sustentabilidad de los sectores, ahora se menciona proteger "el carácter competitivo de la industria".

Para Ferreyra, no se trata solo de una discusión técnica sobre qué organismo controla la yerba, sino de un proceso progresivo de reducción de las funciones del INYM. "Vienen desde hace un tiempo y esto es sistemático", afirmó. Según su interpretación, detrás de términos como simplificación o facilitación hay una intervención del Gobierno nacional en el mercado yerbatero que favorece a la industria. Definió el proceso como una "precarización" de la producción.

Su objeción no implica rechazar cualquier intervención del SENASA ni la cooperación entre organismos. Ferreyra fue explícito en que el INYM puede trabajar mediante convenios, pero puso como condición que eso no implique perder autonomía ni transferir competencias. "Los convenios deben servir para potenciar a las instituciones, no para menguar a una", resumió.

La iniciativa presentada el martes pasó a comisión para su tratamiento y análisis. Ferreyra valoró que no se hubiera avanzado inmediatamente con una aprobación. Consultado sobre qué podría ocurrir si los directores se niegan a respaldarla, fue duro: "Yo creo que la venida de ellos justamente es para bajar línea".

Una crisis que ya no siempre se expresa en las rutas

La entrevista también abordó por qué la protesta yerbatera no tiene hoy la presencia permanente en las rutas de otros momentos. Ferreyra rechazó que exista pasividad: "Lo que no se nota es porque los productores no están saliendo a la calle a cortar la ruta, pero sí están muy activos". Mencionó el tractorazo en Puerto Iguazú durante la visita presidencial del 4 de septiembre, aunque admitió que esas acciones no tienen la continuidad cotidiana de otros períodos.

Parte de la explicación es económica: protestar cuesta cada vez más. Trasladar vehículos, tractores y productores desde las colonias supone un gasto difícil de afrontar para chacras con ingresos reducidos. La comparación que usó Ferreyra lo resume: "Hace un tiempo, un kilo de hoja verde era un litro de gasoil. Ahora está a 200 y pico y el gasoil está a 2.000 y pico".

Detrás de una reunión convocada para discutir controles y simplificación normativa volvió a emerger el conflicto que el sector productivo considera irresuelto desde el inicio de la desregulación. Para Ferreyra, la discusión no pasa solo por quién fiscaliza la yerba, sino por definir si el primer eslabón puede sostenerse económicamente mientras se profundizan los cambios sobre el organismo que históricamente reguló la actividad. Y esa fue, precisamente, la discusión que los productores decidieron llevar a la mesa aun cuando, según aseguró, les habían recomendado que no hablaran del precio.