Un fiscal y una defensora penal llegaron a un colegio de Miguel Riglos con una pregunta incómoda: cuántos adolescentes creían que estaban metidos en causas penales en La Pampa. Las respuestas del curso fueron cayendo una tras otra hasta que llegó el número real.
Un fiscal y una defensora penal desembarcaron en un colegio de Miguel Riglos y, en dos horas, los alumnos no pararon de preguntar. La visita de Paula Arrigone y Andrés Torino al secundario "General José de San Martín" terminó siendo una clase abierta sobre lo que pasa cuando un pibe cruza la línea de la ley.
Unos 60 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del turno tarde participaron del encuentro, enmarcado en el programa "Educación + Justicia" que impulsa el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Los temas: violencia de género, el uso responsable de las redes y el nuevo régimen que bajó la edad de punibilidad de 16 a 14 años.
La huella digital que no se borra
Uno de los puntos que más curiosidad despertó fue la capacidad de rastrear el origen de un mensaje. Los funcionarios explicaron que ante un eventual delito se puede determinar desde qué computadora o celular salió un texto, un emoji o incluso un simple "me gusta".
El otro asunto que captó la atención fue el cambio legal: hoy un menor de 14 años puede ser imputado o investigado por cualquier delito, desde un daño simple hasta una lesión o un atropello al volante de un auto o una moto.
Arrigone y Torino se detuvieron en las diferencias entre la norma vieja y la nueva. "Antes, si un adolescente tenía 16 o 17 años y cometía un delito que tenía una pena no mayor a dos años de prisión, como un hurto o una amenaza simple, no era punible y no ingresaba al sistema judicial penal. Ahora, en cambio, un adolescente a partir de los 14 años es punible por cualquier delito", señalaron.
Cuántos casos hay en La Pampa
Cuando los profesionales les preguntaron qué argumentos habían escuchado sobre por qué el Congreso aprobó esas modificaciones, las respuestas se dividieron: algunos mencionaron que los menores roban, otros que los adultos los usan para delinquir.
Después vino el ejercicio que dejó a más de uno sorprendido. Se les consultó cuántas causas creían que involucraban a adolescentes en La Pampa. Las estimaciones arrancaron en 40, luego fueron bajando hasta 10. El dato oficial: no más de tres.
Consentimiento: "frente a la duda, no avancen"
La charla también incluyó la proyección de un video sobre la relación entre los delitos de índole sexual y el consentimiento. Allí llegó una recomendación directa de los funcionarios: "Frente a la duda o un 'no sé', no avancen, vuélvanlo a hablar otro día".
Con el correr de la jornada, las consultas de los estudiantes se diversificaron: qué pasa si una persona investigada se escapa, qué es la prisión preventiva, cuándo se otorga la libertad condicional, cuándo prescriben las causas.
Para acercar los temas a la realidad del pueblo, Torino contó que en una investigación reciente le habían pedido informes a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Miguel Riglos. Además, precisó que desde 2017 la mayoría de los delitos sexuales ya no contemplan el beneficio de la libertad condicional para los condenados.
Sobre los expedientes que involucran objetos electrónicos —grooming o divulgación de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes—, el fiscal fue contundente: "Nosotros vamos tirando de la cuerda y tarde o temprano encontramos desde qué dirección de IP se contactaron con las víctimas".
Qué pasa con el adolescente que delinque
Arrigone, por su parte, pidió un uso prudente de las redes sociales y repasó las salidas alternativas previstas para los adolescentes que cometen delitos. "Cuando hablamos de justicia restaurativa, apuntamos a que el o la adolescente se haga responsable de sus actos y no indefectiblemente que vaya a la cárcel. No obstante, la ley prevé que un niño de 14 años puede ir preso", expresó.
El programa "Educación + Justicia" es una propuesta pedagógica del STJ que busca acercar a la sociedad pampeana a la Justicia, con especial foco en los estudiantes secundarios que están por cumplir la mayoría de edad. La iniciativa contempla la asistencia a debates orales y públicos, simulacros de juicio, charlas en escuelas y visitas guiadas. Cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados.
