Les secuestraron $120 millones en Vallecito: la explicación que presentaron los dos detenidos
Iban en una Amarok con once bolsines precintados y $120 millones adentro. Cuando los frenaron en Vallecito, la versión de los dos mendocinos no cerró. Horas después, una abogada llegó con los papeles que cambiaron el escenario.
Una abogada sanjuanina se presentó ante la Justicia Federal con papeles que, según su versión, acreditan que los dos mendocinos detenidos con más de $120 millones en efectivo son cobradores de una empresa de seguridad y volvían de una gira de recaudación. Los hombres ya recuperaron la libertad, pero la causa sigue abierta.
El procedimiento que encendió las alarmas ocurrió el martes a la noche en el control caminero del paraje Vallecito, sobre la ruta provincial 141, en Caucete. Allí, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaban Ariel Acevedo y Leonardo Cisneros. Detrás de los asientos, los uniformados encontraron once bolsines cerrados con precintos que guardaban $120.934.030 en efectivo, de acuerdo con lo que confirmaron fuentes del caso.
Los gendarmes no salían de su asombro ante semejante suma. Los dos ocupantes contaron que eran mendocinos, que se desempeñaban como cobradores para una firma de esa provincia y que regresaban de hacer cobranzas en La Rioja y Catamarca. Mostraron algunos comprobantes y facturas, pero no lograron convencer a los uniformados, que empezaron a sospechar sobre el origen del dinero.
Por qué se encendieron las alarmas
Lo que más llamó la atención fue la forma en que trasladaban la plata. Iban en un vehículo no apto para el transporte de caudales, sin custodia ni medidas de protección, y encima cubrían un trayecto extenso. Según las fuentes consultadas, los gendarmes advirtieron que los hombres no exhibían credenciales como personal de transporte de valores, vestían de civil y circulaban fuera del horario habilitado para ese tipo de operaciones.
A eso se sumó otro punto: para mover caudales se necesita una autorización del Banco Central de la República Argentina, que tampoco tenían. Con ese cuadro, los demoraron y pidieron instrucciones al fiscal federal de turno. La orden fue secuestrar los bolsines con el dinero, la documentación y los teléfonos celulares de los sospechosos, que quedaron a disposición de los juzgados federales. La hipótesis inicial apuntaba a determinar de dónde salían los fondos y si había alguna maniobra vinculada al presunto lavado de dinero.
El descargo de la empresa de seguridad
Este miércoles a primera hora, la abogada María Filomena Noriega se presentó en la Justicia Federal para asistir a Acevedo y Cisneros en representación de Guerrier SAS, una empresa de seguridad con asiento en Mendoza. La letrada aseguró que no existió ninguna maniobra delictiva y que el traslado del dinero era parte de la actividad habitual de la firma. Poco después, los dos hombres quedaron en libertad.
De acuerdo con fuentes judiciales, Noriega explicó que Guerrier había sido contratada por Al Norte Distribuciones S.R.L., una distribuidora mendocina, para cobrarles a sus clientes en La Rioja y Catamarca. La versión de la empresa indica que la distribuidora decidió tercerizar esa tarea por seguridad y falta de personal, mediante un acuerdo privado que facultaba a Guerrier a recaudar y trasladar los fondos en su nombre.
En cuanto a las medidas de seguridad, desde la firma remarcaron que la camioneta es monitoreada por GPS satelital y que la cabina cuenta con cámaras para registrar cada movimiento.
Qué dicen los papeles que presentaron
La empresa sostuvo que los $120.934.030 secuestrados correspondían a pagos parciales de facturas que la distribuidora había emitido a ocho clientes. El dinero estaba repartido en los once bolsines precintados, tal como establece el procedimiento acordado entre ambas compañías, y debía entregarse a la distribuidora al terminar el recorrido.
Para respaldar esa explicación, Guerrier puso a disposición de la Justicia las facturas, los recibos de cobranza, el contrato de prestación de servicios y la documentación que acredita su habilitación como empresa de seguridad.
Ahora la Justicia Federal tiene la pelota: deberá definir si la historia que cuenta la empresa se ajusta a la realidad o si, por el contrario, aparecen indicios de un delito o al menos de una irregularidad en el transporte de caudales.
