Lesa humanidad en San Nicolás: el fiscal pidió perpetua, pero los jueces firmaron otra cosa

La Fiscalía no quedó conforme con el veredicto del juicio Saint Amant IV, el megaproceso por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Área Militar 132. El fiscal federal Matías Villate consideró que el tribunal impuso "penas inferiores" a las que había reclamado y cuestionó además el largo plazo fijado para conocer los fundamentos de la sentencia.

El fallo se conoció este viernes y dejó siete condenados y un absuelto. Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario resolvieron penas que en varios casos quedaron lejos de los pedidos fiscales, que incluían prisión perpetua para tres de los acusados.

Qué le atribuían a los acusados

El alegato fiscal había descripto un entramado de delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por haberse extendido la detención más de un mes en cuatro casos; el mismo delito agravado por mediar violencia y por superar el mes sobre 32 víctimas; tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos que damnificaron a 52 personas; el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar impunidad de ocho víctimas; y el robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda contra uno de los damnificados.

El tribunal, en cambio, absolvió a uno de los imputados por el beneficio de la duda en cuatro hechos de tormentos agravados y, por aplicación del principio de congruencia, en tres casos de privación ilegítima de la libertad agravada y cuatro allanamientos ilegales de domicilio.

El reclamo por los tiempos

El juicio había arrancado en marzo de 2024. Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 5 de febrero de 2027, un plazo que el fiscal cuestionó con dureza.

"Se venían conociendo los alegatos de las partes y se puede trabajar con tiempo. Tres meses para dictar los fundamentos parece mucho tiempo. Es cierto que son muchos casos, pero el tribunal tiene una estructura suficiente como para dar sus fundamentos con más celeridad", reclamó Villate.

Las condenas, una por una

Durante 14 jornadas de alegato, Villate y sus auxiliares Juan Patricio Murray y Álvaro Baella reconstruyeron el modus operandi del grupo que operó desde el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dippba).

La Fiscalía había pedido perpetua para Enabel Otilio Cappa, exoficial de la Dippba; Adrián Domingo Meisner, excabo de la Policía Federal en San Nicolás; y Gregorio Florentino Mancilla, también de la Federal nicoleña. Finalmente, Meisner recibió cinco años de prisión y Cappa, seis.

A Meisner se le atribuyó coautoría en el allanamiento ilegal del domicilio de tres de seis víctimas y participación secundaria en una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia, además de un hecho de tormento agravado por ser la víctima un perseguido político. Cappa fue condenado como coautor de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia en perjuicio de seis víctimas, pero resultó absuelto por los seis homicidios agravados y los tormentos agravados que se le imputaban sobre otras tantas víctimas.

Mancilla, en tanto, fue absuelto por el beneficio de la duda de todos los delitos que se le atribuían: allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de una víctima.

Los exoficiales de la Dippba

La Fiscalía había solicitado ocho años para Miguel Ángel Amarillo y seis para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi, exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dippba. Amarillo terminó condenado a cuatro años como coautor de tres privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por mediar violencia, y fue absuelto por tres casos de tormentos agravados.

Parodi y Calabresi recibieron tres años de prisión de ejecución condicional como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia. Además, se les impusieron reglas de conducta: prohibición de acercamiento a la víctima y sus allegados, un curso de 100 horas en derechos humanos y la abstención de utilizar armas de fuego.

Para el subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón 101, Carlos Manuel Biglieri, el pedido fiscal había sido de seis años. Fue condenado a tres años y seis meses por ser autor de un allanamiento ilegal de domicilio y de una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia.

Cinco causas bajo un mismo mando

En el debate, que contó con la declaración de más de 100 testigos, se unificaron cinco expedientes: "Marfott de Trod", "Berg", "Santillán", "Francioni" y "Comolli". Todos investigaron crímenes perpetrados en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba buena parte del noroeste provincial y estaba bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant.

Además de los siete condenados y el absuelto, estaban acusados el policía Hugo Bellet y los militares Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa. Los cuatro murieron antes del veredicto, por lo que se declaró extinta la acción penal.

La noche que irrumpieron en la casa de los Berg

El caso "Berg" reconstruyó el allanamiento ilegal que sufrió esa familia en San Nicolás, junto con privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y dos homicidios ocurridos en 1976. Algunas de las víctimas militaban en el Partido Comunista.

El juicio probó que en la madrugada del 16 de mayo de 1976, mientras la familia dormía en su vivienda de la calle Reynoso, personal del Ejército del Área Militar 132 irrumpió con armas de largo calibre. Para concretar el operativo, las fuerzas represivas apostaron militares en los techos de las casas linderas y armaron un cerco.

Detuvieron a Juan Berg Frank y a sus dos hijos mayores, de 15 y 18 años, y los trasladaron a un calabozo en la sede del Batallón de Ingenieros de Combate 101. Esa misma noche, en un segundo operativo en el mismo domicilio, se llevaron a María Mayer de Berg junto a sus tres hijos de 11 años, un año y medio y cuatro meses.

En el batallón, la mujer fue interrogada e instada a afirmar que pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue liberada al día siguiente. Su esposo y sus hijos mayores fueron llevados a la delegación local de la Policía Federal, donde sufrieron golpes, amenazas y agresiones psicológicas. El padre estuvo detenido 18 días; los chicos, dos.

El asesinato del cuidador y las causas restantes

En "Marfott de Trod" se juzgó el allanamiento ilegal de la casa de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, en Schubert y Chopin, San Nicolás. El hecho ocurrió el 17 de noviembre de 1976 y lo perpetraron miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Tras torturarlo, asesinaron a Ignacio Valentín Sabena, el cuidador de la vivienda. Los uniformados buscaban a integrantes de Montoneros; Marfott y Trod lograron escapar alertados por sus vecinos.

La causa "Santillán" tuvo como víctimas a los militantes de la "Regional Norte-Norte" o "Riberas del Paraná" del ERP Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irene Ballester. Todos fueron detenidos y hasta hoy permanecen desaparecidos. También se juzgó allí la privación ilegítima de la libertad de Anito Prado, Omar Eduardo Inza, Rubén Rodríguez Moreno y Andrés Carlos Fassy.

En "Francioni" se abordaron los hechos que perjudicaron a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Pergamino. En "Comolli", en tanto, se juzgó la persecución de militantes sindicales y obreros metalúrgicos, en su mayoría de la agrupación Felipe Vallese.