Ley 11.302: el Gobierno promulgó la reforma previsional y declara la emergencia del sistema

El Gobierno provincial oficializó este viernes la Ley N° 11.302, conocida como de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional, al publicarla en el Boletín Oficial. Con este paso, la reforma jubilatoria entrerriana quedó promulgada y lista para su implementación.

La norma, que tuvo media sanción en el Senado y fue aprobada en Diputados el miércoles 29 de julio con 18 votos a favor y 12 en contra, había sido impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. El objetivo central es garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, una de las reformas estructurales más importantes de la gestión.

¿Qué establece la nueva ley?

La ley declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por un plazo de dos años, prorrogable por otros dos. La medida busca restaurar el equilibrio de la Caja, resguardar su sustentabilidad y fortalecer el financiamiento del régimen jubilatorio provincial.

Desde el Ejecutivo resaltaron que se trata de "un paso clave" para ordenar un sistema que registra un déficit creciente y que comprometía el pago de las jubilaciones presentes y futuras.

La defensa de Frigerio

Antes del tratamiento legislativo, el gobernador defendió la iniciativa y aseguró que la reforma responde a un problema que durante años fue reconocido pero nunca abordado. "Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba y que no se iba a poder garantizar el pago de las jubilaciones presentes y mucho menos de las futuras. Faltaba coraje, determinación y compromiso. Nosotros vinimos a transformar esa realidad", afirmó.

Frigerio remarcó que la ley no implica una reducción de los haberes de los actuales jubilados y aseguró que los resultados podrán comprobarse en las próximas liquidaciones. "Esto no va a cambiar en nada la situación de los jubilados actuales. Cuando llegue el próximo recibo de haberes se va a comprobar que no sólo no bajaron las jubilaciones, sino que aumentaron con la movilidad correspondiente", señaló.

El mandatario también puso el foco en la magnitud del déficit: "La Caja pierde un millón de dólares por día. No vamos a hacer desaparecer el déficit, pero sí vamos a evitar que explote y comenzar a reducirlo junto con el reclamo que estamos llevando adelante para que el Gobierno nacional pague los fondos que le corresponden a Entre Ríos", expresó.

Además, recordó que su gestión inició acciones judiciales contra el Estado nacional para reclamar la deuda por la Caja no transferida y reactivó las auditorías necesarias para respaldar ese reclamo.

Apoyos en el debate parlamentario

En el recinto, la diputada María Elena Romero defendió la iniciativa al sostener que la provincia debía afrontar un problema estructural que durante años fue reconocido pero nunca resuelto. "Todos coincidían en el diagnóstico sobre la necesidad de darle sustentabilidad al sistema previsional, pero esa reforma nunca llegó. Lo único que cambió es que ahora, en lugar de guardar el problema en un cajón, lo estamos llevando a los hechos", afirmó.

Romero remarcó que la norma "es la única forma de garantizar que esos derechos sigan existiendo dentro de veinte años" y aseguró que "esta no es una ley de un gobierno, es una ley para la provincia".

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, sostuvo que el debate nunca pasó por discutir si existía un problema en la Caja de Jubilaciones, sino por definir cómo resolverlo. "En todo este proceso no encontramos una sola voz que nos dijera que la Caja estaba bien. La discusión sincera no es si hay que actuar, sino cómo hay que actuar", afirmó.

Sarubi remarcó que la ley "no es un aumento de impuestos, es un ordenamiento del sistema, gradual y cuidado, para que la Caja pueda seguir jubilando gente durante las próximas décadas". Además, destacó que el objetivo central es "garantizar que las futuras generaciones se puedan jubilar en Entre Ríos con el 82 por ciento móvil".

Con esta sanción, el oficialismo logra concretar una de las principales reformas planteadas desde el inicio de la gestión. La norma entrará en vigencia una vez cumplidos los pasos administrativos de promulgación y publicación en el Boletín Oficial.