Ley 27.801 en Chubut: los cambios que nadie contó sobre los chicos de 14 años

Desde el sábado pasado, todo el país comenzó a aplicar la Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil que redefine el vínculo entre los adolescentes y la Justicia. La norma, que ya está en marcha, introduce modificaciones de fondo que en Chubut generan debates y plantean desafíos concretos para el sistema judicial provincial.

La ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi Saavedra, analizó los alcances de la ley y marcó cuáles son, a su criterio, los puntos más sensibles que deberá atender la provincia.

La edad: el primer gran cambio

El punto que más llamó la atención es la baja en la edad de imputabilidad. Hasta ahora, el régimen penal juvenil alcanzaba a chicos de 16 y 17 años. Con la nueva ley, la puerta de ingreso se abre a los 14 años.

“Lo primero que nos agrega es la baja de la edad de la inimputabilidad, ingresando hoy al sistema penal menores desde 14 hasta las cero horas del día en que la persona cumple 18 años”, explicó Banfi en diálogo con Jusnoticias.

El catálogo de delitos: mucho más amplio

El segundo cambio relevante tiene que ver con los delitos por los cuales los jóvenes pueden ser llevados ante la Justicia. “En el régimen anterior los jóvenes estaban afectados por los delitos graves y ahora desde 14 años van a estar afectados prácticamente por toda la el Código Penal”, detalló la magistrada.

Esto implica que conductas que antes no llegaban a la órbita penal juvenil, ahora sí podrían serlo. Banfi puso un ejemplo claro: una pelea entre chicos en un boliche, con lesiones mutuas, podría terminar con detención e imputación para menores de 14 años.

Qué pasa con el Código Procesal Penal de Chubut

En la provincia, el Código Procesal Penal tiene un capítulo dedicado al régimen penal juvenil y eso no se modificaría. La ministra recordó que la ley XV N° 9 fue, en su momento, un avance importante en el tratamiento de menores en conflicto con la ley, y que esa normativa se complementa con lo que establece el código provincial.

Sin embargo, Banfi advirtió que será necesario profundizar el monitoreo de todas las causas que involucren a menores de 14 y 15 años, por la alta sensibilidad de esas edades.

Las garantías que no se negocian

La ministra puso el foco en la necesidad de cuidar a los chicos de 14 a 16 años que recién se incorporan al sistema penal. Hasta ahora, esos jóvenes iban a disposición del juez de familia en casos de delitos graves, y ni siquiera podían ser traídos para los controles de detención o para imputarles un hecho.

Con la nueva ley, la situación cambia: un chico de 14 años deberá comparecer ante el juez penal, con su defensor, con la asesoría de familia y, probablemente, con una fiscalía especializada.

Banfi también remarcó que los menores que queden bajo la ley penal cuentan con la protección de un bloque constitucional y convencional, y que los operadores judiciales deberán tener muy en cuenta las reglas internacionales que protegen a los menores.

Las penas: un tope de 15 años

En cuanto a las sanciones, la ley establece que los jóvenes no podrán ser condenados a prisión perpetua y fija un tope máximo de 15 años de pena. Para los chicos de 14 o 15 años, la gravedad del daño causado y la edad del adolescente serán factores fundamentales al momento de definir una condena.

“Hoy todos tienen que responder, pero los menores de 16 van a tener que responder por todos los delitos”, explicó Banfi.

La ministra también señaló que, más allá de los delitos graves como homicidios o robos agravados con armas de fuego, la ley abre la puerta a un catálogo de delitos de comisión más frecuente entre adolescentes, que hasta ahora no los llevaban a una audiencia de control ni a sentarse frente al sistema penal.

Como ejemplo, mencionó el caso de un joven de 16 que compartía material aberrante en grupos de WhatsApp en el marco de un reto viral. Ese hecho, considerado gravísimo, ya era imputado y podía derivar en privación de libertad en pabellones de menores vinculados con causas de abuso sexual.

Con la nueva normativa, situaciones cotidianas como una riña entre jóvenes en un boliche podrían terminar con detención e imputación, y si la pena esperada es de tres años o más, podrían dictarse medidas de coerción, es decir, quedar privados de libertad.