Ley de Biocombustibles: el oficialismo impulsa el dictamen, pero las pymes del interior resisten
El oficialismo busca cerrar el acuerdo para el dictamen del miércoles, pero las pymes del interior ya anticipan su rechazo. El detalle que todavía no está resuelto.
La reforma de la Ley de Biocombustibles N° 27640, que lleva dos años de demora, podría dar un paso clave el próximo miércoles 2 de septiembre. Desde distintos bloques del Senado confirmaron que la negociación llegó a su recta final y que ese día se podría alcanzar un dictamen para votarlo en sesión la semana siguiente. Sin embargo, las provincias productoras de oleaginosas mantienen su resistencia.
Quiénes empujan la nueva ley
El mayor impulso para la sanción de la reforma proviene de los sectores azucareros y de los senadores de las provincias norteñas. Ya existe consenso para ampliar el corte de bioetanol del 12% al 15%. "El problema acá es el biodiésel", advirtió la jujeña Carolina Moisés, peronista y una de las promotoras del proyecto, en la última reunión de comisión, donde propuso fragmentar la iniciativa en dos. Esa idea tendría acompañamiento de los senadores más reticentes, pero no del Gobierno nacional.
El oficialismo, que se sumó a una discusión avanzada en comisiones, busca cerrar las diferencias internas que persisten en el sector del biodiésel. Las pymes, que no cuentan con una integración total de la cadena de producción, ven en la nueva redacción el ingreso de las grandes compañías aceiteras y su posible exclusión del mercado. También hay discusiones en torno al porcentaje de corte obligatorio, que se plantea del 5% al 10%. A pesar de eso, desde el bloque libertario aseguraron que "estamos muy cerca" de tener el texto de unidad.
Las modificaciones al proyecto de Bullrich
El neuquino Pablo Cervi (La Libertad Avanza) detalló en la última reunión algunos de los cambios a la redacción original, de autoría de Patricia Bullrich: se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar los porcentajes de cortes; y se estableció hasta el 2031 un porcentaje mínimo de participación para las pymes no integradas, con un cronograma de reducción paulatina hasta efectivizar la libre competencia. Dentro del oficialismo aseguraron que existe la posibilidad de incorporar un 5% adicional de biodiésel de carácter optativo para las refinadoras.
"El Gobierno nacional está aceptando algunas correcciones y nuestras propuestas", aseguró a este medio una senadora provincialista involucrada en las negociaciones.
La resistencia de las provincias del centro
La principal oposición a la ley llega desde las provincias del centro, donde sostienen que la aprobación implicaría un revés contra las pymes industriales que apostaron al sector con la reglamentación del 2021. "Nuestro dictamen va a responder a los intereses de las pymes de La Pampa y San Luis. Nuestro proyecto buscará protegerlos dentro de todo esto, porque son fuentes de trabajo que hay que cuidar", explicó el peronista puntano Fernando Salino, que se diferenció del texto oficialista. Además de las dos mencionadas, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires son las provincias que tendrían mayor impacto por el ingreso de las grandes aceiteras.
El chaqueño justicialista Jorge Capitanich explicó a Ámbito que intentará participar de las modificaciones al dictamen libertario de mayoría. "Estamos tratando de unificar el contenido con un perfil que potencie las economías regionales", dijo y agregó que "con esa idea, se proyectan cupos diferenciales para el Norte Grande, para caña de azúcar y maíz en bioetanol, a los efectos de complementar con biodiésel con pymes con incentivos específicos para que el negocio no se la lleven las integradas solamente".
Qué está en juego
Si alcanza el recinto, quienes apoyan el proyecto tendrán argumentos para exponer: las fuentes de trabajo y la potencialidad de inversión; la inserción en estándares más cercanos a la región para competir en el rubro; la transición para evitar la dependencia del petróleo crudo y la reducción del impacto ambiental. Por otro lado, se estima que exista un impacto en el costo final del combustible de entre un 3% (según YPF) y un 10% (según la Secretaría de Energía).