Ley de martilleros en Santa Cruz: el proyecto que no pasó y la causa que sigue

La Asociación Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz se pronunció tras la sesión del 10 de septiembre, donde el Proyecto de Ley N.º 367/2024 no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. La entidad defendió la formación universitaria y advirtió que el debate excede a los profesionales: alcanza a los vecinos que confían sus ahorros y patrimonios.

En un comunicado firmado por su presidenta, Aída Domínguez, la asociación sostuvo que llegó al recinto después de un extenso trabajo institucional, con legislación nacional vigente, documentación, relevamientos, jurisprudencia provincial y antecedentes comparados. "No defendimos privilegios: sostuvimos formación universitaria, responsabilidad profesional, prevención del daño, seguridad jurídica y protección del patrimonio de los ciudadanos", expresó.

La modificación que cambió el eje del debate

Durante la sesión, el diputado Pedro Muñoz presentó una modificación al artículo 31, inciso c), del proyecto, que regula las situaciones preexistentes de quienes ejercen la actividad sin título universitario. Para fundamentarla, invocó la Ley N.º 13.154 de Santa Fe y el fallo "Crisafulli, Pablo Cristian c/ Colegio de Corredores Inmobiliarios", de la Corte Suprema de Justicia santafesina.

La asociación cuestionó esa lectura. Según su interpretación, la legislación santafesina mantuvo como regla el título habilitante y previó para determinados "corredores idóneos" una excepción por única vez, con requisitos específicos y un plazo improrrogable de tres meses. En el caso Crisafulli, la Justicia rechazó una matriculación pedida fuera de ese período y no reconoció que los años de ejercicio generaran por sí mismos un derecho adquirido.

Santa Cruz ya tiene jurisprudencia propia

El comunicado recuerda que la discusión sobre la idoneidad no es nueva en la provincia. En "Jiménez, Eduardo Fabio s/ inscripción de matrícula de martillero" (Expte. G-51-97/00, resolución del 30/11/2000), la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería rechazó un pedido de examen de idoneidad para obtener la matrícula, ante la entrada en vigencia de la Ley Nacional N.º 25.028 y la implementación de la formación universitaria.

En "Domínguez, Aída s/ solicita matrícula" (Expte. D-51-55/2000) se estableció la exigencia de título universitario conforme al artículo 1, inciso b), de esa ley. Ese criterio fue difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz mediante el Acuerdo N.º 2802.

Estos antecedentes, junto con jurisprudencia de Córdoba, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, fueron incorporados al expediente legislativo. Para la asociación, el principio que los atraviesa es claro: las excepciones para reconocer situaciones preexistentes tuvieron carácter temporal y quedaron sujetas a plazos legales; vencidos estos, la continuidad en la actividad no convierte la idoneidad en una vía permanente equivalente al título universitario.

El interés general, en el centro de la disputa

La entidad afirmó que el proyecto contemplaba las realidades involucradas: el vecino y consumidor que requiere protección; el profesional con formación universitaria, incumbencias y responsabilidad por sus actos; y las situaciones preexistentes, comprendidas en el régimen transitorio del artículo 31, inciso c). "Nuestra posición nunca consistió en desconocer esas realidades, sino en sostener que toda transición debe respetar el marco jurídico, conservar límites definidos y no transformar una excepción en equiparación permanente", señaló.

Tras la votación, la asociación concluyó que otros intereses tuvieron mayor gravitación que el interés general que inspiraba la iniciativa. "Cuando determinados intereses prevalecen sobre el bien común, se corre el riesgo de exceder los límites de la ley, afectar derechos y debilitar la protección de la comunidad", advirtió.

El comunicado subraya que la discusión excede a los martilleros: detrás de una compraventa, una tasación, una administración o una intermediación hay viviendas, ahorros familiares y patrimonios construidos durante toda una vida. También menciona a los jóvenes santacruceños que estudiaron, obtuvieron su título y eligieron ejercer en la provincia.

"Quienes hoy ejercemos responsabilidades institucionales o funciones públicas ocupamos lugares transitorios. Las leyes, en cambio, permanecen, trascienden generaciones y alcanzan por igual a quienes hoy deciden y a quienes mañana deberán vivir bajo sus consecuencias", expresó Domínguez.

El texto cierra con una definición: "Se agotó una instancia. No se agotó una causa". La asociación anticipó que comienza una nueva etapa junto a la comunidad, con el objetivo de informar, explicar y generar conciencia sobre la profesionalización del sector.