Ley de Tierras: el debate que resucitó y la experiencia santafesina que nadie quiere recordar

La discusión por la Ley de Tierras volvió a instalar en la agenda pública preguntas que parecían enterradas: ¿quién puede apropiarse de un territorio? ¿Qué significa que una tierra sea privada? Mientras el país debate, Santa Fe guarda una experiencia que marcó a fuego el vínculo entre el Estado, la arquitectura y la comunidad.

Entre 1995 y 2011, la provincia vivió una transformación territorial que convirtió esas preguntas en proyectos concretos: hospitales, espacios públicos, edificios culturales, centros judiciales y de salud, e incluso un plan para el aeropuerto. Fue una época donde la obra pública dejó de ser solo cemento para convertirse en una herramienta de construcción de ciudadanía.

¿Qué pasó en Santa Fe durante esos años?

La idea central era simple pero poderosa: intervenir físicamente sobre la ciudad como una forma de generar derechos y pertenencia. Un hospital no era solo un edificio para atender enfermos, sino una pieza urbana para la educación y la investigación. Un espacio público podía albergar un museo y transformar un barrio entero. Un plan de descentralización resolvía necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, cambiaba la relación de la gente con su territorio.

Arquitectura, planificación y gestión funcionaban como un solo engranaje. Había confianza entre los actores y se entendía que pensar y hacer no eran momentos separados. Esa sinergia fue la clave de un ciclo que, con el tiempo, se apagó.

¿Qué se perdió cuando terminó el ciclo?

La ciudad nunca dejó de construirse, pero desapareció algo más difícil de medir que los metros cuadrados: la conversación sobre para qué se construye, qué proyecto de ciudad expresa cada ladrillo y qué responsabilidad tenemos al intervenir lo que compartimos. Esa cultura de la obra pública perdió visibilidad, aunque no murió del todo.

La experiencia quedó en una construcción silenciosa, pero dejó un aprendizaje fundamental: construir lo común no depende solo de las instituciones, que aportan escala y continuidad, ni solo de las comunidades, que otorgan arraigo y permanencia. Las respuestas más potentes aparecen cuando ambos movimientos dialogan: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

¿Qué tiene que ver esto con la Ley de Tierras actual?

El contexto cambió: las instituciones, las herramientas y la relación entre lo público y lo privado ya no son las mismas. Surgieron problemas con dimensiones que antes no existían, por lo que repetir recetas del pasado sería un error. Pero lo que sí se puede rescatar es la actitud frente a las preguntas.

Cuando el debate actual interroga sobre la propiedad y el interés colectivo, lo que estaba oculto sale a la superficie. Toca volver a confiar en que una obra pública es mucho más que un problema de recursos o una respuesta técnica a una necesidad. Porque una idea que no encuentra la manera de hacerse realidad corre el riesgo de quedarse solo en una buena intención o en un eslogan vacío.

Frente a la reacción social que genera hoy la Ley de Tierras, queda en evidencia que preservar el territorio como un bien común ya no es un concepto abstracto ni de laboratorio político partidario: es una demanda que brotó y maduró en la realidad cotidiana de Argentina. Por eso, el texto de cualquier normativa debe ser el reflejo de lo que la sociedad ya decidió cuidar y defender en su día a día. Después de todo, ya se ha dicho: lo que en la realidad no existe, la ley no lo crea.