Ley de tierras: un senador clave anticipa su voto en contra y complica al oficialismo

El debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocida como ley de tierras, suma un nuevo obstáculo para el Gobierno. El senador nacional Daniel Kroneberger (UCR, La Pampa) confirmó este miércoles que rechazará los cambios impulsados por La Libertad Avanza, lo que pone en jaque la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta.

¿Qué dijo Kroneberger?

En declaraciones a este medio, el legislador radical adelantó: “Ya avisé al bloque que no acompaño las modificaciones. Voy a votar en contra de los cambios a la ley de tierras”. Su postura se suma a la del peronista Daniel Bensusán, también de La Pampa, quien votará en contra. La incógnita es qué hará la senadora Victoria Huala (Pro), que aún no definió su voto y señaló al artículo 29 como el punto más conflictivo.

La iniciativa, que busca tratar este jueves en el Senado, originalmente eliminaba casi todas las restricciones para que extranjeros compren tierras rurales. Sin embargo, ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas, el oficialismo reformuló el proyecto y presentó un nuevo dictamen.

Los cambios clave

La nueva versión eleva el límite para la propiedad extranjera del 15% al 25% de la superficie rural, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. Así lo anunciaron Patricia Bullrich, Nadia Márquez y Agustín Coto, principales impulsores de la reforma.

Bullrich defendió la medida asegurando que la compra de tierras por extranjeros no afecta la soberanía nacional. “Es un disparate pensar que Argentina pierde soberanía porque un extranjero compra una propiedad o una empresa invierte en el país”, afirmó. Como ejemplo, citó a la bodega Chandon en Mendoza: “Nadie piensa que Chandon hace francesa a Mendoza”.

El nuevo dictamen también incorpora restricciones que no estaban en la versión original, como la prohibición de que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y la obligación de que empresas con participación estatal extranjera obtengan autorización del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente.

¿Qué se elimina?

La reforma deroga ocho artículos de la Ley 26.737, sancionada en 2011. Entre los cambios más relevantes está la eliminación del artículo 10, que fijaba un tope de hectáreas por extranjero (1.000 en la zona núcleo, con equivalencias por región). Con la nueva redacción, ese límite desaparece, permitiendo superficies mucho mayores.

También se elimina el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de las tierras habilitadas para extranjeros. Así, aunque se mantiene el tope general del 25% por provincia, ya no habrá una restricción específica para evitar la concentración por país de origen.

La votación de este jueves será clave para definir el futuro de la ley, y el oficialismo necesita sumar apoyos en un escenario cada vez más complejo.