Libertad bajo estrictas reglas: la jueza que soltó a cinco policías acusados de un millonario fraude

Una jueza de Cámara revocó la prisión preventiva para cinco ex funcionarios policiales de alto rango, imputados en la causa por el desvío de fondos para combustible de patrulleros. La decisión llega tras meses de detención y establece condiciones extremadamente rigurosas para su libertad.

La camarista Gabriela Sansó fue quien firmó la resolución que otorgó la libertad a los cinco hombres. La orden llegó a la cárcel de Piñero durante la noche del viernes 20 de marzo, según confirmó a este medio el defensor de uno de los beneficiados.

¿Quiénes son los policías que salieron en libertad?

Los liberados son Adrián Bahl, ya jubilado de la fuerza; Fabián Becerra; Nicolás Cuesta, quien fuera jefe de Adicionales; Edgardo Roldán, ex inspector de Zona VI; y Roberto Sandoval, que al momento de los hechos era interventor de Medicina Legal. Todos habían recibido una medida cautelar de prisión preventiva a fines del año pasado, la cual estaba programada para vencer recién en mayo de 2026.

Sin embargo, la jueza Sansó consideró que ahora deben regirse por un nuevo esquema de restricciones. Estas condiciones son severas y buscan garantizar el normal desarrollo de la causa.

Las estrictas condiciones impuestas por la justicia

La libertad no es absoluta. La magistrada impuso una batería de medidas cautelares que los cinco ex uniformados deben cumplir al pie de la letra. Deberán fijar residencia y presentar una firma mensual en la Oficina de Gestión Judicial. Además, tienen prohibido salir de la provincia de Santa Fe y del país sin una autorización expresa.

Pero la condición más destacada es la prohibición “absoluta” de contacto con sus coimputados y con los testigos de la causa. Cualquier violación a estas reglas podría resultar en la inmediata revocación de su libertad.

El corazón de la acusación: una asociación ilícita

Los cinco policías fueron detenidos en noviembre, en el marco del segundo tramo de la investigación liderada por el fiscal José Luis Caterina. En esta etapa, la Fiscalía los acusó formalmente de integrar una asociación ilícita en calidad de miembros, entre otros delitos.

Según la teoría del caso, los uniformados de alto rango tributaban a una estructura comandada por Daniel Acosta, ex titular de la Unidad Regional II, y su secretario privado, Rodrigo Domínguez. Ambos continúan detenidos, imputados como jefe y organizador de la presunta banda.

El mecanismo del fraude millonario

La causa, que estalló en mayo de 2025 y generó un terremoto en la policía santafesina, investiga un sofisticado mecanismo de defraudación al Estado. El esquema giraba en torno al uso de las tarjetas Visa Flota destinadas a la compra de combustible para móviles policiales.

La acusación sostiene que, entre mayo de 2023 y mayo de 2025, existió un acuerdo espurio con la estación de servicio Gas Auto Tiferno SA, ubicada en Ovidio Lagos al 3900. El método consistía en realizar sobrefacturaciones o directamente facturar cargas de combustible “fantasma”.

Una vez que el dinero del Estado ingresaba a la empresa, esta realizaba retornos en efectivo. Los fondos se retiraban con periodicidad quincenal por representantes de las distintas secciones policiales involucradas, completando así el circuito de desvío de fondos públicos.

De los 25 policías originalmente involucrados en la causa, la Cámara Penal ha ido otorgando la libertad a la gran mayoría, siempre bajo estrictas medidas cautelares, mientras avanza la investigación por el peculado que sacudió los cimientos de la fuerza.