Licencias del intendente: el archivo judicial no cierra la grieta y la pelea ahora estalla en el Concejo

El archivo de la denuncia penal contra el intendente Juan Álvarez Pinto no apagó el incendio político. Por el contrario, la disputa por sus licencias se trasladó con fuerza al Concejo Deliberante, donde oficialismo y oposición protagonizaron un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas que recalienta la agenda en Merlo.

Mientras el oficialismo considera el tema cerrado, la oposición habla de un “vacío institucional” y exige una investigación. El enfrentamiento llegó al recinto y dejó en evidencia dos lecturas irreconciliables sobre un mismo hecho.

¿Por qué la causa judicial no terminó con el conflicto?

El interbloque oficialista fue contundente: la Justicia desestimó la denuncia por inexistencia de delito y eso debería bastar. En un comunicado, calificaron la actitud opositora como una “opereta política” y lanzaron una frase que resume su postura: “Cuando la Justicia no confirma sus acusaciones, inventan una nueva instancia”.

Del otro lado, los concejales opositores sostienen que el archivo no valida lo actuado. Según su lectura, la Fiscalía entendió que el caso era político y no penal, por lo que el Concejo tiene la obligación de revisar lo ocurrido y avanzar con una investigación institucional.

Qué irregularidades denuncia la oposición

En su planteo, los opositores enumeran una serie de hechos concretos que, aseguran, no fueron contemplados por la Justicia. Mencionan una licencia del intendente con plazo determinado que, según su interpretación, venció en diciembre de 2025.

También señalan un período posterior sin respaldo normativo, al que describen como un “vacío institucional”, y una resolución aprobada en febrero que, a su criterio, buscó regularizar la situación de manera forzada.

¿Qué pasó en la última sesión del Concejo?

La tensión se hizo visible en la última sesión del Concejo Deliberante. La oposición denunció que se le negó el uso de la palabra y que el oficialismo rechazó el tratamiento de un proyecto para crear una comisión investigadora.

El oficialismo, en cambio, sostiene que se intenta utilizar el ámbito legislativo para prolongar un conflicto que ya fue resuelto en la Justicia. Para ellos, la movida opositora es puramente estratégica y busca mantener el tema en agenda.

¿Un debate político o un tema que preocupa a los vecinos?

Por ahora, la discusión se mantiene principalmente en el plano político. Más allá de la intensidad de los comunicados y del debate dentro del recinto, el tema todavía no aparece con la misma fuerza en la agenda cotidiana de los vecinos.

Esa distancia entre el conflicto institucional y la vida diaria de la comunidad abre otra lectura posible sobre el impacto real de esta disputa. Mientras tanto, la grieta sigue abierta y el Concejo se convirtió en el nuevo escenario de una batalla que parece lejos de terminar.